La Comisión de Desarrollo Económico avanza a ritmo pausado con el tratamiento de la ley Derogatoria de Desarrollo Económico (conocida también como ley tributaria). Pocas semanas después de que se aprobara la ley (en noviembre del 2021), la misma que generará unos $ 1.900 millones al fisco de ingresos permanentes en tres años, se presentaron por parte de Pachakutik y de Unión por la Esperanza (UNES) dos proyectos de derogatoria de la ley. En marzo recién se avocó conocimiento del tema, y aún permanece en etapa de socialización.

El tema se desarrolla en la Comisión, mientras la ley en plena vigencia ya ha arrojado más de $ 400 millones al fisco tanto por la contribución para personas naturales que cuentan con más de un millón de dólares de patrimonio y de dos millones si es sociedad conyugal; así como para empresas de más de $ 5 millones de patrimonio. También se ha recibido un importante aporte de personas que ganan más de $ 2.500 en relación de dependencia.

Wilma Andrade (Izquierda Democrática), vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, explica que al momento dentro de la Comisión el tema se encuentra en la etapa de socialización, en la cual se recibe a una serie de autoridades, personas interesadas, expertos que opinan sobre el tema.

También aclara que la mesa legislativa lleva adelante el tratamiento de esta ley, cuyo proceso es el mismo que se aplica a cualquier ley ordinaria y que, por tanto, no tiene establecidos tiempos límite de aprobación. En todo caso, la Comisión emitió un cronograma tentativo con sesiones de un día por semana, la fecha prevista para la aprobación del primer debate es el 12 de julio. Adicionalmente, el 20 de octubre está establecida la votación para el segundo debate.

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Sin embargo, al momento este cronograma ha tenido desfases. Por ejemplo, esta semana no está prevista la sesión correspondiente. Así, lo más probable es que demore más allá de octubre. Entre tanto, han estado en el seno de la comisión representantes del Ministerio de Economía y de Comercio Exterior. Andrade explica que los argumentos de las autoridades de Gobierno son fuertes en contra de la derogatoria, pues el impacto sería muy perjudicial para el fisco.

Andrade comenta que de manera personal considera que quienes impulsan esta derogatoria están generando expectativas sin una base cierta, “están vendiendo humo”. Indica que al ser una ley ordinaria, si llegara a tener los votos, luego pasaría al Ejecutivo, que seguramente la vetaría. En cambio, para Andrade sería más lógico plantear una reforma puntual a la ley.

De acuerdo con el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, de la bancada de UNES, el trámite va avanzando, aunque no a la velocidad que su bancada quisiera. Explica que de las comparecencias que se han dado, se puede ver que ningún sector productivo está de acuerdo con la ley tributaria. Él acompañó a la Federación de Artesanos que sienten que están siendo perjudicados, pues la ley creó un impuesto para ellos, que grava a las ventas y no a la renta.

En este sentido, dice que no existe un obstáculo ni social ni económico ni jurídico para que se pueda aprobar la derogatoria. Sin embargo, comenta que se ha visto una suerte de lentitud en el tratamiento, “lo cual es cuestionable desde todo punto de vista”. Al ser consultado de la verdadera viabilidad del proyecto, si el Gobierno tiene la facultad de veto, dijo que si bien existe esa facultad, no sería conveniente pues sería un detonante social.

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Entre tanto, sobre cuáles serían las alternativas para el Gobierno, puesto que requiere los recursos, Lloret indica que las propuestas desde UNES, que incluso le fueron presentadas en su momento, son que haya un impuesto al patrimonio para quienes tienen grandes patrimonios de más de un millón de dólares. Que la tabla del impuesto a la renta pase a ser más progresiva, que se cargue un poco más a los que más tienen; así mismo que se corrijan temas de evasión fiscal.

Al ser cuestionado sobre por qué, si no estuvieron de acuerdo con la ley desde un principio, su bancada se abstuvo, permitiendo así la entrada en vigencia a través del Ministerio de la Ley, dice que en la segunda moción que fue por la negativa y tratar el informe de minoría sí alcanzaron los 90 votos. En este sentido, han presentado un proceso en la Corte Constitucional para la declaratoria de inconstitucionalidad.

De acuerdo con Alberto Acosta, editor de Análisis Semanal, la derogatoria de la ley le perjudicaría al fisco ya que dejaría de recibir los ingresos planificados. Pero dentro de la coyuntura actual, de altos precios del crudo, no sería un problema tan complejo. Sin embargo, expone que la verdadera tarea del Gobierno debería ser corregir las finanzas públicas a través del ajuste del gasto. Sin embargo, también dice que quienes promueven la eliminación de la ley deben tener en cuenta que dentro de la ley aprobada se establecieron temas distintos a los tributarios. Entre ellos, por ejemplo, los temas de la migración de contratos petroleros, que de derogarse generarían un limbo jurídico, que se debe prever y resolver.

Adicionalmente para Acosta, el Gobierno debería trabajar en la baja del gasto, se derogue o no se derogue la ley. Pero adicionalmente a bajar el gasto, debería tratar de organizarlo mejor para atender las necesidades básicas de la ciudadanía (educación y salud), que ahora presentan un tratamiento deficiente por parte del Estado. (I)