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Ecuador lleva 25 años pagando bono, ¿se rompió el ciclo de la pobreza?

Pago de este subsidio social empezó el 4 de noviembre de 1998 con un presupuesto anual de $ 217 millones y ahora son $ 1.311 millones para nueve tipos de bonos.

El presidente Jamil Mahuad dio inicio al pago del Bono Solidario el 4 de noviembre del 1998. Foto: Archivo

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El bono solidario dio inicio a una política social en Ecuador en 1998, es una de las tres decisiones que tomó Jamil Mahuad como presidente que se han mantenido en el tiempo: la firma de la paz con Perú, la dolarización y el bono. Eran 100.000 sucres que recibían madres pobres que en esa época equivalían a $ 15 y para las que el Gobierno había destinado $ 217 millones anuales. Ahora son $ 1.311 millones para nueve tipos de subsidios.

El pago de este bono empezó un 4 de noviembre -entonces el dólar se cotizaba en 6.500 sucres- como una compensación por la eliminación de los subsidios al gas y la electricidad y para contener el incremento de la pobreza que en el 98 estaba en 44,8 % y la indigencia en 18,8 %. Luego se desató la crisis financiera, se dolarizó el país, se tumbaron presidentes, y en medio de todo eso el programa se mantuvo, se fue ajustando, ampliando y analizando los resultados.

Más de $ 10.500 millones entregados en bonos en dos décadas para reducir efectos de la pobreza en Ecuador

La ayuda que pasó a llamarse bono de desarrollo humano -ahora está en $ 55- “ha conseguido reducir la extrema pobreza en el país, hay estudios que afirman que en torno a un 20 %“, indica Carlos Hernández, director de Ayuda en Acción en Ecuador, una organización internacional que lleva más de 37 años de trabajo en el país, combatiendo la pobreza en zonas rurales. Señala que el bono que reciben las familias representa la mitad de sus ingresos y que eso da una idea de la relevancia que tiene en su economía familiar.

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Una publicación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aproxima los impactos del bono sobre la pobreza con base en simulaciones hechas con datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo sobre ingresos y sobre quién lo recibe para calcular el ingreso de cada hogar y la tasa de pobreza con y sin el bono. “En los años de mayor cobertura, el bono tuvo un impacto notable sobre la pobreza”: en el 2013, antes del cambio del umbral de elegibilidad, las transferencias del bono de desarrollo humano redujeron la tasa de pobreza extrema en 30 %, la brecha de pobreza extrema en 44 % y la severidad de la pobreza extrema en un 56 %. Y en el 2015 redujeron la tasa de pobreza extrema en 20 %, la brecha de pobreza extrema un 34 % y la severidad de pobreza un 47 %.

Cinco particularidades del Bono de Desarrollo Humano

Esa información consta en el libro Reformas y desarrollo en el Ecuador contemporáneo, publicado en el 2018 y donde se analiza que “una vez superada la crisis financiera de finales del siglo pasado, Ecuador se adentró en una prolongada etapa de crecimiento económico que permitió reducir la incidencia de la pobreza a mínimos históricos y favoreció el surgimiento de una clase media pujante. Sin embargo, el estallido del shock petrolero a finales de 2014 volvió a empujar al país a una coyuntura de inestabilidad económica que pone en entredicho la sostenibilidad de algunos de los avances logrados en el pasado reciente”.

Y luego vino la pandemia y la pobreza cerró el 2020 en 32,4 % y la extrema en 14,9 %. En 2023 la pobreza por ingresos a nivel nacional está en 27 % a junio pasado, según el dato más reciente publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esa línea de pobreza está en $ 89,29 mensuales per cápita. La pobreza extrema se ubica en 10,8 % con $ 50,32 mensuales per cápita.

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En Ecuador casi seis millones de personas están en situación de pobreza

Ahora son nueve tipos de bonos con el mismo objetivo que describe el Ministerio de Inclusión Económica y Social: entregar transferencias monetarias a quienes necesitan un bono o pensión por encontrarse en condición de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad y que pertenezcan a un grupo prioritario y así aportar al desarrollo de la siguiente generación -los hijos- y romper el ciclo de la pobreza.

Y precisamente a sus hijos fue el bono que recibió María durante diez años. “Compraba cuadernos, útiles y a veces hasta la comida para ayudar a mi esposo. Pero me quitaron el bono en el 2007 o 2008. Un día fui a cobrar y me dijeron que ya no había salido, en ese tiempo tenía un año de haber quedado viuda. Había personas que se venían en la fila que iban bien vestidas, que cobraban el bono y a quienes necesitaban le quitaron. Empecé a trabajar en casas para poder mantenerme y sacar adelante a mis hijos” que llegaron a graduarse de bachilleres. Ella ahora tiene de 53 años y sigue en el trabajo doméstico. Su hija de 29 años tiene compromiso y tres niños y el varón tiene 24 años, está soltero y trabajando.

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  • Hasta septiembre se han pagado $ 975,9 millones por el bono de desarrollo humano, el bono con componente variable, bono infancia futuro, pensión mis mejores años, pensión para adultos mayores, pensión toda una vida, pensión para personas con discapacidad, bono Joaquín Gallegos Lara y bono para niños, niñas y adolescentes en situación de orfandad por muerte violenta de la madre.
  • Además hay otras dos transferencias que se realizan en ciertos casos: por contingencias a personas o núcleos familiares en pobreza y extrema pobreza por montos que no excederán un sueldo básico y un bono de contingencia para personas afectadas por eventos de origen natural o antrópico que corresponde al 50 % de la canasta familiar vital. Ambas se entregan por una sola vez.
  • En los primeros años eran 1,2 millones de beneficiarios, en el 2012 se llegó al máximo de 1′914.887 y, en cambio, en el 2018 hubo la menor cantidad de personadas que cobraron bonos (937.645), pero en la pandemia volvieron a superar los 1,2 millones. Actualmente hay 1′434.381 usuarios.


“El bono que reciben las familias representa la mitad de sus ingresos”

Carlos Hernández dirige Ayuda en Acción en Ecuador, es experto en Cooperación Internacional por la Universidad de Oviedo y Especialista en Evaluación de Proyectos por la Universitat Oberta de Catalunya. Cuenta con una experiencia profesional de más de 23 años en cooperación internacional para el desarrollo. Foto: Cortesía

El bono de desarrollo humano (BDH) no es una medida suficiente para resolver una problemática tan compleja como la pobreza y hace falta un mayor nivel de inversión pública y abordarla desde diferentes frentes. Así lo analiza Carlos Hernández, director nacional de Ayuda en Acción en Ecuador, una organización internacional que lleva trabajando más de 37 años en el país con proyectos de desarrollo rural para combatir la pobreza en zonas rurales a través de cadenas productivas sostenibles, acceso a agua limpia y segura y promoción de derechos.

Después de 25 años del programa del bono solidario ¿qué balance se puede hacer?

Ha evolucionado con los años, nació como un mecanismo de compensación ante el incremento de los precios del gas, la gasolina y la electricidad y ha ido progresando hacia un mecanismo de promoción y de reducción de la pobreza extrema. Si bien en un inicio era un bono no condicionado, con el tiempo se establecieron unas condiciones para su percepción como, por ejemplo, que las madres gestantes y los niños menores de cinco años pasen controles de salud, que los niños se matriculen y permanezcan en el sistema educativo, que los menores de 15 años no trabajen o que no se edifiquen viviendas en zonas inundables.

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Esta condicionalidad ha permitido, además de mejorar la capacidad de consumo de las familias, aumentar la cobertura de salud, reduciendo las tasas de mortalidad materna e infantil, aumentar la permanencia de la niñez y adolescencia en el sistema educativo y reducir el trabajo infantil. Todos estos efectos del bono son positivos y difícilmente se hubieran alcanzado si no hubiera existido.

¿Ha logrado paliar la pobreza o hay otra alternativa que se puede implementar para que los beneficiarios tengan mejores condiciones de vida?

Si comparamos el monto actual del bono con el de la canasta familiar básica ($ 763), es evidente que no permite cubrir las necesidades básicas de la familia ecuatoriana, pero no es menos cierto que gracias al BDH se ha conseguido reducir la extrema pobreza en el país -hay estudios que afirman que en torno a un 20 %- y no es menos cierto que lo que reciben las familias representa en torno a la mitad de los ingresos familiares. Es decir, uno de cada dos dólares que entran en las familias perceptoras del bono provienen del propio bono, lo que da una idea de la relevancia que tiene en su economía familiar.

Consideramos que el BDH no es una medida suficiente, para resolver una problemática tan compleja como la pobreza y la exclusión socioeconómica. Hace falta un mayor nivel de inversión pública en la provisión de servicios: educación, salud, agua potable y en medidas económicas e incentivos fiscales que fomenten la creación de empleo y la integración económica, así como la generación de alianzas entre sector público, privado y social, en especial con organizaciones que implementen programas de desarrollo social, como la nuestra.

¿El bono ya está tan arraigado como el subsidio al gas? ¿Una eliminación sería impensable?

Una eliminación sería altamente perjudicial para el país, porque dejaría en una situación de extrema vulnerabilidad a un sector de la población que ya vive en unas condiciones muy difíciles. Implicaría que las familias receptoras del bono cuenten con la mitad de los ingresos familiares actuales para atender sus necesidades, pero también supondría un descenso en los niveles de consumo, lo que implicaría un retroceso para la ya golpeada economía nacional, bajaría la cobertura de salud y educación con el consiguiente aumento de la morbilidad y empobrecería el nivel de educación y de cualificación profesional del país.

Se deberían revisar anualmente los montos acordes al Índice de Precios al Consumo, para evitar que los efectos de la inflación afecten a la ya muy baja capacidad adquisitiva de las familias perceptoras del BDH, y en acompañarlos en un aumento de la oferta de servicios sociales básicos. (I)

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