El Gobierno Nacional envió, con el carácter de económico urgente, el proyecto de Ley para la Defensa de la Dolarización, una vez que se han subsanado los requisitos formales que la Asamblea Nacional recomendó días atrás. Así lo ratificó hace pocos minutos el Ministerio de Economía y Finanzas.

El ministro Mauricio Pozo había explicado hace algunos días que el Gobierno estaba analizando el mejor momento para evitar utilización política del debate de la ley.

De acuerdo con esta cartera de Estado, la propuesta de Ley para la Defensa de la Dolarización, que reforma el Código Orgánico Monetario y Financiero, es importante para el Ecuador porque protegerá su sistema monetario al fortalecer la independencia del Banco Central del Ecuador (BCE). El envío y aprobación de esta ley, es parte de los compromisos que adquirió el Gobierno como parte del acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

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Recordó que uno de los objetivos del proyecto es dotar de autonomía técnica al BCE para evitar manejos políticos e irresponsables que busquen utilizar las reservas internacionales para financiar el gasto del Estado.

Según la propuesta, las funciones del BCE se centrarán en formular e implementar la política monetaria, proteger la estabilidad financiera, elaborar la programación macroeconómica, entre otras. Además, con esta Ley se recuperarán los cuatro sistemas del balance de la entidad, para garantizar y transparentar el debido respaldo de las reservas internacionales a los depósitos que se tengan en el BCE.

La Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera pasará a ser la Junta de Política y Regulación Financiera (JPRF). Será un órgano independiente, encargado de emitir el marco regulatorio prudencial, al que deben sujetarse las entidades financieras, de valores y seguros, así como de formular políticas y expedir regulaciones que fomenten la inclusión financiera.

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La reforma legal implementa, además, mejoras en la supervisión del sistema financiero y de la economía popular y solidaria, en beneficio de los depositantes y la estabilidad del sistema financiero nacional.

El proyecto de ley ya fue enviado a la Asamblea el 8 de febrero, pero el Consejo Administrativo Legislativo (CAL) lo devolvió por problemas de redacción del articulado. (I)