La eliminación de los registros de información histórica crediticia de 1,7 millones de personas que constan en los burós de crédito con deudas vencidas de menos de $ 1.000, dispuesta en el Decreto Ejecutivo 33 por el presidente de la República, Guillermo Lasso, no se puede ejecutar de manera inmediata. Primero deben cumplirse al menos dos pasos: la conformación de la nueva Junta de Regulación de Política Financiera y que esta a su vez emita las directrices que aclaren una serie de dudas que genera el decreto.

Mientras tanto, la decisión del presidente Lasso, tomada el 24 de mayo pasado, pese a haber sido una oferta de campaña, no sería técnica y no cumpliría el objetivo que se ha trazado de permitir un mejor acceso a créditos, según Asobanca y Equifax.

El Decreto Ejecutivo 33 dispone que las entidades que brindan el servicio de registro de información histórica crediticia deberán eliminar de dichos listados a las personas con deudas menores de $ 1.000 en caso de que la obligación se haya generado en el sistema financiero o en los segmentos 1 y 2 de las cooperativas. Para los otros segmentos, el monto de deuda para que el deudor pueda ser eliminado del registro es de $ 500. El decreto no elimina la deuda ni el derecho de cobro.

Sobre el tema, en un pronunciamiento oficial, Asobanca (Asociación de Bancos Privados del Ecuador) dijo que “mientras más información exista de cada cliente en los burós de crédito, siempre será mejor el proceso para construir un score o calificación del historial de crédito de una persona”. Así, la medida dictada en el Decreto 33 devendría en menor información disponible, lo cual “podría tener un impacto en el acceso a nuevos créditos por parte de dichos clientes; se estaría perjudicando a quienes quieren acceder a un préstamo o crédito, pues no se contaría con información completa del perfil de ese cliente”, dice Asobanca.

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La entidad explicó que los burós no muestran solo la foto estática de una persona, muestran una película de esta. “Es con mayor información que se puede construir una mejor película”, dijo.

Entre tanto, el buró de crédito Equifax, al ser consultado sobre el nuevo decreto, dijo que desde el punto de vista técnico la eliminación de información no es lo más idóneo para lograr una mayor bancarización e inclusión.

También sostuvo que en el decreto se precisa que hay un plazo de 60 días para llevar a cabo esta disposición y que será la Junta de Política y Regulación Financiera la encargada de emitir las disposiciones para la ejecución del decreto. “Estamos a la espera de esas directrices”, dijo el buró.

Efectivamente, el decreto indica que será esa Junta la que emita disposiciones para aplicar el decreto. Para ello, primero debe ser creada la Junta, conforme consta en la Ley de Defensa de la Dolarización que fue aprobada en los últimos días de la anterior Asamblea y que fue publicada en el registro Oficial el 3 de mayo pasado. El Ejecutivo deberá enviar los nombres de sus miembros y la Asamblea los designará.

Entre tanto, Édgar Peñaherrera, gerente de la Red de Integración Ecuatoriana de Cooperativas de Ahorro y Crédito (Icored), explicó que el decreto está redactado de manera general y por lo tanto quedan aún varias interrogantes para su aplicación. Uno de los temas es saber exactamente los requisitos de los beneficiarios de esta decisión, pues para Peñaherrera sería importante que no estén buenos y malos pagadores entre los beneficiarios. Pues la idea es apoyar a los afectados por la pandemia. Sin embargo, también pareciera que se pudieran beneficiar otros deudores que ya tenían un comportamiento inadecuado desde antes. En este sentido dijo que sí puede ser una medida que reactive la economía, siempre y cuando haya una certeza técnica de cómo se aplicará.

Asobanca aclaró que desde el 2012 no existe como tal una “central de riesgos”. Lo que existen son entidades que se conocen como burós de crédito, que recopilan los comportamientos de las personas que acceden a préstamos y créditos en instituciones financieras, de la Economía Popular y Solidaria (EPS), de casas comerciales y de telecomunicaciones. Es decir, no hay un listado llamado Central de Riesgos en el que se incluya solo a la gente que no pagó una deuda para ya no darle un crédito.

Datos clave

  • El score del buró de crédito tiene un rango que va de 0 a 999 puntos. Un puntaje bajo significa que existe un alto riesgo de incumplimiento de pago del crédito, en cambio, un puntaje alto predice un alto nivel de cumplimiento.
  • Una calificación de 107 puntos significa que tiene una probabilidad del 85% de caer en mora. Si la puntuación es de 980 puntos su probabilidad de caer en mora es del 1,3%.
  • Para mejorar el score en buró de crédito se recomienda: Ponerse al día en las obligaciones vencidas. Mantener al menos una operación crediticia abierta y pagarla a tiempo. En el caso de que no podamos cumplir con algún compromiso, acercarnos a la entidad y solicitar refinanciación.
  • Toda persona, natural o jurídica, que registre una operación crediticia consta en el buró de crédito. Esta operación de crédito es toda información relacionada con obligaciones y antecedentes y comportamientos financieros, comerciales, contractuales.
  • De acuerdo con el cumplimiento de estas operaciones crediticias, actual e histórico (hasta 36 meses atrás), y a través de un análisis técnico, se genera el reporte de información crediticia.