El presidente de la República, Guillermo Lasso, ratificó ayer en entrevista con la agencia EFE que según las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) la reforma tributaria que se presentará ante la Asamblea a finales de septiembre deberá recaudar un 0,7 % del producto interno bruto (PIB). Esto a diferencia del acuerdo que se había firmado con el expresidente Lenín Moreno y que establecía que se debería recaudar un 2,5 % más en tributos para el 2022.

“Ha habido una gran flexibilización en la negociación y una aceptación de parte del organismo. Las condiciones de Ecuador son distintas hoy”, habría asegurado el primer mandatario. Además ratificó que para cumplir con este objetivo no se afectará a la mayoría de la población ecuatoriana, menos aún a los más vulnerables: “Son impuestos focalizados apenas al 4 % de la población ecuatoriana”, informó.

El martes pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva, había descrito que el país es muy desigual y que, de acuerdo a la Encuesta de Empleo, Desempleo y Subempleo (Enemdu) en 2020, el 96 % de la población gana menos de $ 1.000. El 4 % restante, sería, a criterio de Cueva, el sector más pudiente del país, y hacia ellos se estaría analizando aplicar ciertas medidas.

Ayer, en Ecuavisa, el ministro Cueva confirmó que habrá un “pedido de solidaridad a los sectores más pudientes, que han sido los que han pasado la pandemia en mejores condiciones”.

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Indicó además que el crecimiento de la recaudación tributaria en 2022, que llegaría a $ 14.822 millones, se explica por varios frentes: la reactivación económica, una mejor recaudación y, finalmente, los esfuerzos que se verán traducidos en la propuesta de reforma tributaria que será enviada junto con la Ley Creando Oportunidades (una suerte de megaley económica que contendría temas sobre tributos, hidrocarburos, minería, telecomunicaciones, obra pública, entre otros, según ha dicho el presidente Lasso).

Cueva dijo que, en cuanto a la revisión de exenciones (exoneraciones de impuestos), se quiere que el país se alinee con la situación internacional: “Que paguemos de acuerdo a nuestros ingresos y patrimonio”, dijo. Al ser consultado Cueva sobre si está en los planes crear un impuesto al patrimonio, el ministro respondió que todo está en análisis.

Recordó que el país ha hecho esfuerzos importantes, pues se han gastado $ 500 millones en vacunación y logística y $ 900 millones en todo lo que tiene que ver con la pandemia, por lo que es natural asegurar más solidaridad desde los más pudientes. Recalcó una vez más que no está previsto subir el IVA, pues esto llegaría a afectar al consumo.

De acuerdo con Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, los anuncios del Gobierno apuntan a afectar al grueso de la clase media. Dijo no entender cómo se puede indicar que el 4 % de la población gana más de $ 1.000 dólares. “Hay un problema en el cálculo que no cuadra; se conoce que quienes ganan más de $ 1.000 representan el 30 % de personas que tienen ingresos”, dijo.

Para Acosta Burneo, la solución no está en sacarles más dinero a los ciudadanos, más bien está en el recorte de gastos y no en nuevas reformas tributarias. Indica que de esta manera se estaría una vez más cargando a los que siempre pagan impuestos.

Considera que más bien una salida sería elevar el IVA en 1 punto, y con esta medida casi no se sentiría el impacto en precios y generaría justamente lo que se está queriendo recaudar ($ 600 millones). Apuntó que el IVA no es un impuesto regresivo, pues hay productos de la canasta básica que están exonerados de este impuesto. Lamentó que ahora en Ecuador haya temas tabúes, como la eliminación del subsidio al gas y ahora el aumento del IVA.

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De otro lado, advirtió que crear un impuesto al patrimonio sería un error, tanto porque es muy difícil establecer y valorar los patrimonios (una empresa, una obra de arte) como porque lo que suele hacer la gente es esconder sus patrimonios. El problema más grave es que desincentiva el ahorro y eso afecta el crecimiento económico, dice. Adicionalmente, comentó que muchas veces los patrimonios no son líquidos. Por ejemplo, el propietario de la finca que vale $ 500.000 tiene ese activo, pero no quiere decir que tenga gran liquidez, explicó.

Por su parte, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), dijo que actualmente es evidente que hay exenciones que generan beneficio a quienes no deberían tenerlo. Recordó que actualmente las exenciones le cuestan al fisco unos $ 4.000 millones. Para Carrera, los beneficios en cuanto a alimentación no deberían desaparecer, pero sí se podría moderar el tema de educación y salud y otros beneficios para empresas.

En cuanto al posible impuesto al patrimonio, Carrera dijo que es importante establecer el nivel de base de arranque y que sea gradual y proporcional, con una tarifa razonable. Además se debe tener mucho cuidado en que cuando se grave el patrimonio se pueda verificar que sus dueños tengan liquidez. Esto se logra a través de cruzar información en la base del SRI.

Proyecto económico urgente

La megaley económica que se prepara para finales de septiembre por parte del Ejecutivo llegaría con el carácter de económico urgente. Así lo indicó Francisco Briones, subsecretario general de Gabinete en Presidencia, quien en un tuit destacó “la determinación y capacidad ejecutora del presidente @LassoGuillermo al alcanzar una meta creída imposible: 9 millones de vacunados”. “Ahora imaginen eso en un proyecto de ley económico urgente. Así mismo será y lo verán en pocos días”, dijo.

Frente a la dificultad que representa para el Gobierno la falta de apoyo en la Asamblea, el editor de Análisis Semanal, Alberto Acosta Burneo, aseguró que en política todo es posible y consideró que no se puede dar por hecho que vaya a haber un rechazo, sino que el Gobierno deberá negociar con todos los sectores para encontrar respaldos. Para Acosta, parte de las negociaciones sería incluso el anuncio de una posible consulta popular.

Entre tanto, Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF), consideró que el Gobierno deberá hacer una gran labor de difusión para que la sociedad vea esta necesidad para salir de la crisis y promover desarrollo. Y de esta manera forzar a la Asamblea, ante el conocimiento colectivo de la normativa, a deponer actitudes y encontrar consensos.

Entre tanto, el excandidato presidencial Andrés Arauz (UNES) sugirió que la ley se divida en dos: la primera debería contener impuesto a los millonarios y offshore (meta: $ 700 millones) en una ley urgente. Esta sería apoyada por el correísmo. En una ley ordinaria, en cambio, podrían ir los temas laborales, aumento de tasas y privatizaciones, dijo.

Según el artículo 140 de la Constitución, el Ejecutivo puede enviar proyectos en materia económica con el carácter de urgente y este deberá ser tratado por la Asamblea en 30 días.

Además se indica que en el caso de que la Asamblea no apruebe, modifique o niegue el proyecto calificado de urgente en materia económica, la presidenta o presidente de la República lo promulgará como decreto-ley y ordenará su publicación en el Registro Oficial”, indica el texto. (I)