El plazo para que los deudores del Estado se pongan al día en sus obligaciones podría pasar de 24 meses (2 años) a 72 meses (6 años). Esto a través de una reforma al artículo 277 del Código Orgánico Administrativo (COA), presentada a través de un proyecto de ley por BanEcuador el 12 de enero pasado.