Tras más de un año de paralización la situación del proyecto minero Loma Larga, en la provincia del Azuay, no se avizora una reactivación a corto plazo y, según la minera canadiense Dundee Precious Metals (DPM), la suspensión de operaciones continuará durante el tiempo que se tome el Ministerio del Ambiente en cumplir con una sentencia resultado de una acción de protección.

Esa acción de protección fue presentada por la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay, la Junta Administradora de Agua Potable de las parroquias Victoria del Portete y Tarqui, la comunidad Escaleras y el Directorio de Aguas de la Sociedad de Riego de San Gerardo.

El Estado deberá realizar una consulta previa por el proyecto minero Loma Larga, en Azuay

A esta suspensión temporal de las actividades, que se ordenó en julio del año pasado por falta de una consulta previa libre e informada a la población, se suma la sentencia emitida el pasado 28 de agosto por el Segundo Tribunal de la Sala Especializada de lo Civil y Mercantil de la Corte Provincial de Justicia de Azuay, que como medidas de reparación ordenó al Ministerio presentar dos informes: uno completo del estado actual del área Nacional de Recreación Quimsacocha y otro que aborde la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua.

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Además, realizar la consulta previa, libre e informada en la comunidad de Escaleras y una consulta ambiental prevista en el artículo 398 de la Constitución antes de la emisión de la licencia ambiental para la siguiente fase del proyecto.

Ante el fallo, el Ministerio del Ambiente indicó a este Diario que interpuso un recurso de aclaración.

¿Cuándo estarán listos los informes?

Según el Ministerio, el informe completo del estado actual del área Nacional de Recreación Quimsacocha dependerá del levantamiento de la información verificable y actualizada, para lo cual se debe considerar aspectos como:

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  • La superficie total de 3217.12 hectáreas establecidas conforme Acuerdo Ministerial No. 007 del 25 de enero del 2012.
  • La descripción de la organización territorial del área protegida basada en sus elementos de conservación y la capacidad de acogida para soportar los distintos usos del suelo (zonificaciones), que detalla el Plan de Manejo del Área Nacional de Recreación Quimsacocha.
  • La dimensión de la concesión minera Cerro Casco y Rio Falso pertenecientes al Proyecto Loma Larga.

En ese contexto, la cartera de Estado explicó que para la identificación de los distintos aspectos y análisis de los diversos componentes en materia ambiental se requiere la incorporación de un equipo multidisciplinario en campo, lo que implica una logística específica para trabajar cada una de las temáticas y proponer y/o determinar el alcance del informe, y metodología aplicable.

En cuanto al informe sobre la sustentabilidad del ecosistema y cómo se está garantizando el orden de preferencia en el uso y aprovechamiento del agua, el Ministerio indicó que una vez que se cumplan las condiciones impuestas por la Corte Provincial, correspondiente a la designación de funcionarios públicos que se encargarán de este estudio y posterior informe por parte de Etapa, la cartera de Estado colaborará y coordinará para el establecimiento de la hoja de ruta que oriente la realización de los referidos informes y que deberá incluir los tiempos de elaboración y entrega de los mismos.

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El proyecto minero Loma Larga es operado por la canadiense Dundee Precious Metals. Foto: Cortesía de Dundee Precious Metals

Por su parte, el abogado experto en temas mineros Andrés Ycaza remarcó que si bien se ordena que la consulta previa, libre e informada se realice en la comunidad de Escaleras, “hay que entender que Escaleras no está dentro de la zona de influencia del proyecto Loma Larga, está fuera de la zona de influencia. En línea recta hay más de 15 kilómetros entre la zona de influencia del proyecto y Escaleras”.

Mientras, la directora de Comunicaciones y Relaciones Públicas de Dundee Precious Metals, Carola Ríos, reiteró que la empresa está comprometida en apoyar y colaborar con la entrega de información que requieran las autoridades y que estarán pendientes del proceso. “Para nosotros es importante ser el buen vecino. Nos aseguramos de cumplir todos los requisitos legales, medio ambientales que ponen las autoridades como el Ministerio del Ambiente y ojalá superar esos requisitos. Nos interesa cumplir con los estándares internacionales, incluso superarlos”.

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El proceso judicial, según Ríos, “efectivamente tiene un impacto en el cronograma original del proyecto”, sin embargo, la empresa está dispuesta en continuar con el desarrollo del proyecto.

Dijo que ya se lleva de retraso más de un año aproximadamente, desde que empezó el proceso (febrero del 2022, en julio se emitió la sentencia de la suspensión temporal) hasta agosto pasado que se emitió la sentencia en segunda instancia. En ese contexto, señaló que determinar cuánto tiempo se va a tomar la autoridad estatal para cumplir con lo ordenado por el Tribunal del Azuay “es difícil calcular”.

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Proyecto se quedó en última etapa de exploración

El proyecto se encontraba en la última etapa de la exploración avanzada, según la empresa: “Teníamos proyectado que eso iba a tomarnos unos seis meses más y a partir de esos seis meses, venía una etapa de construcción de la estructura de la mina para empezar la etapa de explotación, eso iba a ser conjunto con el proceso de licenciamiento ambiental para la siguiente fase, la explotación de la mina, eso nos ponía de aquí a un par de años para empezar la explotación”.

A la interna irán cumpliendo una agenda, porque no han concluido esa etapa de exploración avanzada, por lo tanto van a seguir haciendo los estudios que corresponden. Y este lunes van a inaugurar el Centro de Formación Técnica, en San Gerardo, en donde empezaron las capacitaciones a las comunidades, para que se certifiquen en los oficios que se requieren para la siguiente fase que es la construcción de la infraestructura de la mina. Todas estas actividades “que son preparatorias para el funcionamiento de la mina van a continuar y son muy relevantes, porque las personas no solamente van a recibir la capacitación para trabajar en la mina, sino para que tengan su certificado y puedan luego emprender sus propios negocios o emplearse en empresas que requieran estas capacidades”.

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En 2002 obtuvieron la licencia ambiental minera con la que iniciaron las actividades de exploración. En 2004 fue aprobado el estudio de impacto ambiental y posteriormente una ampliación del mismo en 2006. En 2009 fue aprobado el plan de manejo ambiental y fue actualizado en 2015.

La compañía tiene suscrito un contrato de inversión con el Estado que le obliga a invertir en los siguientes años un valor superior a los $ 419 millones, agregó Ycaza. Además, existe el compromiso de generación mínima de empleo, de aproximadamente 500 empleos en construcción y luego de forma permanente 300 de empleos durante la operación. (I)