La comunidad San José de Wisuyá decidió no participar en procedimientos de socialización, que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables inició a mediados de mayo, relacionados con la Décima Tercera Ronda Intracampos II, al asegurar que dicho proceso se ha definido de manera unilateral e inconsulta por parte del Ejecutivo.

Lo hicieron a través de un documento remitido el martes 24 de mayo al presidente de la República , Guillermo Lasso; y otras autoridades del régimen.

La iniciativa de la décima tercera Ronda Intracampos II, cuya inversión requería $ 968 millones, fue presentada en julio del 2021 por el Ministerio de Energía, junto a otras como la Ronda Extremo Suroriente que representaría $ 5.000 millones y, finalmente, la Ronda Intracampos III, que requeriría $ 900 millones.

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La comunidad San José de Wisuyá se encuentra demarcada dentro del bloque 97 (VRH Este) y está conformada por indígenas de las nacionalidades Kichwa y Siona, asentados en una extensión de alrededor de 2.420 hectáreas, en las orillas del río Putumayo, en la parroquia Santa Elena del cantón Putumayo, en la provincia de Sucumbíos.

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La comunidad, además exigió al Estado el respeto y garantía de los derechos colectivos a la autodeterminación, y a la consulta y consentimiento previo, libre e informado.

“Los procesos de ‘socialización’ de la Ronda Intracampos no cumplen con estándares nacionales e internacionales sobre obligaciones estatales de protección, respeto y promoción de derechos de pueblos indígenas, e intentan imponer una política inconsulta como es el Decreto 95″, denuncia la comunidad en el comunicado.

Agregaron que su territorio ha sido afectado históricamente por la delineación de bloques petroleros sin que se haya respetado y garantizado en ningún momento el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, así como los demás derechos colectivos.

Como ejemplo recordaron que entre el 2015 y el 2016 supuestamente se vulneraron sus derechos en el marco de la construcción del Oleoducto Binacional Amerisur (OBA), por parte de la empresa Amerisur Resource PLC y Petroamazonas EP. En agosto del 2018 la Defensoría del Pueblo declaró que se vulneraron los derechos a la consulta y al consentimiento al ingresar a su territorio deforestando y destruyendo flora y fauna.

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“Hasta el momento no se han reparado los daños ocasionados por las empresas y el Estado ha omitido su obligación de garantía y protección”, aseguró la comunidad, respecto a ese episodio.

Mientras, desde el ministerio se informó que el proceso a cargo de la Subsecretaría de Territorio y Seguimiento Ambiental, cumple con un cronograma comprendido desde el 14 hasta el 28 de mayo de 2022, que busca abarcar a más de 150 comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas aledañas a los bloques: Tetete Sur, Saywa, Tamya, VHR Oeste, VHR Este y Lumbaqui, que forman parte de la Ronda Intracampos II.

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“Los bloques que se licitarán en la Ronda han sido establecidos respetando las áreas destinadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, por lo cual el Estado ecuatoriano garantizará el cumplimiento de forma irrestricta con la normativa ambiental, para generar un modelo de desarrollo de la industria, acorde con la realidad y expectativas de la población aledaña a las zonas de influencia de los proyectos”, aseguró la cartera de Estado, que señaló que durante los dos primeros días de trabajo se desarrollaron seis asambleas en espacios públicos, que contaron con la participación de alcaldes, miembros de las juntas parroquiales, tenientes políticos y representantes comunitarios, en estricto cumplimiento y respeto a los derechos de acceso a la información e inclusión de actores sociales para generar espacios de diálogo.

Esta fase, según el ministerio, contará con 45 espacios de diálogo, que se se desarrollarán con el objetivo de informar sobre los procedimientos de exploración y desarrollo de las áreas por licitar. (I)