Al menos cinco casos de corrupción han sido develados por la Justicia de EE. UU., con relación a EP Petroecuador. Lavado de activos, sobornos y coimas han sido perseguidos desde EE. UU. y en el proceso se ha detectado la participación de funcionarios y empresarios ecuatorianos. Los casos de corrupción investigados han estado atados a la repotenciación de la refinería de Esmeraldas, entrega de contratos a proveedores, contratos con reaseguradores, comercialización de crudo con intermediarios.

El más reciente ha sido el de la confesión del exempleado de Gunvor Raymond Kohut en un juzgado de Nueva York en el sentido de que él y sus jefes pagaron un total de $ 22 millones en sobornos a funcionarios de Petroecuador, entre 2012 y agosto del 2020. Aún no se conoce la identidad de los tres funcionarios de Petroecuador que habrían recibido los dineros.

Frente a esta realidad, el ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables, René Ortiz, con oficio MERNNR-MERNNR-2021-0347-OF, del 8 de abril, dispuso al gerente general de EP Petroecuador, Gonzalo Maldonado, que busque “ir al fondo de los casos, ayudar a descubrir quiénes son los funcionarios corruptos, cuántas coimas recibieron, qué contratos adolecen de vicios y tratar de recuperar esos dineros”. Y citó los casos en los que se deberían profundizar las investigaciones: Gunvor, Vitol, Raúl de la Torre y Seguros Sucre.

Le indica a Maldonado que para ello tiene que actuar junto a la Fiscalía General del Estado, y proporcionarle toda información, datos y colaboración para que se investiguen estos sucesos. Ortiz pidió que se le dé la mayor importancia a la lucha contra la corrupción interna y que se le mantenga informado sobre las acciones que ha tomado y va a seguir tomando.

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En respuesta, el gerente de Petroecuador, Gonzalo Maldonado, con Oficio Nro. PETRO-PGG-2021-0835 del 11 de abril al ministro le informa sobre varias acciones tomadas, en torno a los casos de corrupción. De acuerdo con Maldonado, desde que asumió las funciones de gerente General, ha buscado proteger y defender los derechos e intereses de esta empresa pública. Aclaró, sin embargo, que las competencias para realizar defensa judicial en otras jurisdicciones, tales como la de Estados Unidos, corresponden en forma exclusiva al Procurador General del Estado (PGE) y al Fiscal General del Estado (FGE). No obstante, EP Petroecuador ha coordinado con dichas instituciones.

En cuanto al caso Gunvor, explicó que la Jefatura Penal de EP Petroecuador, presentó ante la Fiscalía, el 8 de abril pasado- una denuncia a fin de que se investiguen estos hechos. Asimismo, le solicitó que requiera Asistencia Penal Internacional con la finalidad de que se informe sobre el proceso criminal No. 1:21-cr-00115-ENV y que se establezcan los supuestos montos y el método utilizado para las transacciones; además, también se solicitó que se remita el nombre de todos los involucrados, así como de la compañía o compañías relacionadas en la trama de sobornos.

Puntualizó además que solicitó a las compañías PTT International Trading, Unipec Asia, Petrochina, mediante oficios  presenten una declaración juramentada en la que se precisen que las ni las compañías ni sus empleados han tenido relación con los posibles hechos de corrupción descritos. Esto al conocerse que dos empresas asiáticas que han suscrito contratos con esta empresa, cuyo nombre no están revelados, estarían involucradas.

A más del caso Gunvor, otros cuatro se han conocido a nivel nacional e internacional.

Repotenciación Refinería de Esmeraldas

ESMERALDAS. La refinería de Esmeraldas fue reparada durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, un proceso que costó 2.200 millones de dólares.

Uno de los primeros casos, al cual el ministro no se refirió en su misiva, fue el de la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Este caso se inició por las revelaciones de los Papeles de Panamá, publicadas por este Diario en 2016. Se trataba de una trama de sobornos que funcionó entre 2012 y 2016. Los contactos en dicha trama, desde Petroecuador, eran Marcelo Reyes López, excoordinador jurídico, y Arturo Escobar Domínguez, exasesor de Carlos Pareja Yannuzzelli. Participaron los contratistas Ramiro Luque Flores, de GalileoEnergy S.A., y Juan Andrés Baquerizo Escobar, de Oil Services&Solutions; y los intermediarios José Larrea y Frank Roberto Chatburn Ripalda. Petroecuador quiso constar en el proceso como víctima con miras a recibir una reparación dentro del juicio en la Corte del Distrito Sur de Florida, pero dicho pedido fue negado.

Caso Raúl de la Torre Prado

Entre tanto, en noviembre del 2019, Raúl de la Torre Prado, asesor del ex gerente Pablo Flores y pariente del contralor Pablo Celi, se declaró culpable ante las Cortes del estado de Florida del delito de lavado de activos. Fue detenido en el aeropuerto de Miami en 2019 con $ 250.000. En el juicio se indica que “entre 2018 y junio del 2019, el acusado, que entonces trabajaba como funcionario en Petroecuador, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del Gobierno de Ecuador y con ciertas personas en un esquema, para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su función para permitir a una compañía obtener y mantener contratos y pagos contractuales de Petroecuador”.

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Junto a De la Torre también fue detenido Roberto Barrera. En su declaración dijo ser cercano a un alto funcionario de Petroecuador que supervisaba la adjudicación de contratos, así como los pagos en esa empresa. Ambos ya cumplieron la pena.

Sobre el tema, Petroecuador dijo que se ha solicitado Asistencia Penal Internacional a la Fiscalía, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Caso Vitol

Vitol es una de las mayores comercializadoras de petróleo y de sus derivados del mundo.

Otro caso sonado fue el de la empresa Vitol. Esta compañía llegó a un acuerdo a finales del año 2020 con el Departamento de Justicia de Estados Unidos relacionado con cargos de corrupción. Como parte de ese acuerdo, la compañía Vitol acordó pagar a las autoridades estadounidenses y brasileñas $ 164 millones, tras admitir haber sobornado a funcionarios del sector petrolero, en Brasil, Ecuador y México durante un periodo de 15 años que finalizó en julio del 2020. En el caso de Ecuador los sobornos habrían sido para obtener recursos en contratos de venta de derivados.

En este caso, Petroecuador informó que la Jefatura Penal de la entidad presentó el 16 de diciembre de 2020, una denuncia abierta en la Fiscalía General por un caso de sobornos. Además de manera inmediata procedió a suspender a esta empresa del listado de proveedores como medida administrativa de prevención hasta que se investiguen los hechos denunciados.

Al momento, dentro de la investigación, el gerente Maldonado ha reconocido firma y rúbrica de la denuncia, y ha rendido  versión libre y sin juramento sobre los hechos denunciados y se ha proporcionado información certificada respecto a los contratos con Vitol Inc.

Seguros Sucre

Finalmente, Juan Ribas Domenech, expresidente del directorio de Seguros Sucre, fue acusado de lavado de activos en el estado de Florida, por ayudar a tres empresas del Reino Unido a obtener contratos ilícitamente y fue sentenciado el 23 de marzo de 2021 a 51 meses de prisión. Sobre el tema, el ministro Ortiz pidió que se investigue si el caso de sobornos de Seguros Sucre está relacionado con el hecho de que Petroecuador le ha renovado por 18 veces las pólizas a esa entidad aseguradora.

Mediante oficio No. PETRO-PGG-2021-0834-O, Petroecuador ha solicitado a Seguros Sucre S.A. presente una Declaración Juramentada, en la cual su representante legal, declare que la referida compañía o sus funcionarios no tuvieron que ver con los posibles hechos de corrupción, especialmente en relación con EP Petroecuador. Esta declaración juramentada se la solicitó con la finalidad de corroborar que la compañía Seguros Sucre S.A. cumpla con los compromisos establecidos en el Código de Ética y la Política Antisoborno de EP Petroecuador. Si EP Petroecuador resultare ser víctima ante los supuestos hechos de corrupción de Seguros Sucre, presentará denuncias penales pertinentes.

La petrolera recordó que mantiene procesos judiciales en contra de Seguros Sucre. Así, presentó una acción civil, con la finalidad de obtener el pago de valores adeudados originados de la ejecución de la póliza de responsabilidad civil general G-75-000287. En este proceso judicial, Petroecuador ha insistido Unidad Judicial que sustancia la causa, que se proceda a nombrar un perito liquidador a fin de que determine el capital e interés que a la fecha debe pagarle Seguros Sucre. Sin embargo, al momento no hay respuesta.