La Corporación Financiera Nacional (CFN), dueña de Seguros Sucre (aseguradora estatal), indicó a través de un comunicado de prensa que su directorio dará cumplimiento “de manera inmediata” a lo decretado por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en relación a que se proceda con la liquidación voluntaria de dicha empresa aseguradora.

Ayer por la tarde, mediante el decreto 82, el presidente Lasso pidió al directorio de CFN proceda con la liquidación voluntaria de la aseguradora y prohibió que empresas del sector público celebren nuevos contratos con la empresa. La decisión de Lasso es una respuesta, según él mismo ha indicado, a una serie de episodios de corrupción e ineficiencia en torno a la empresa aseguradora estatal.

CFN dijo también que se informará oportunamente a los medios de comunicación sobre la situación o las decisiones que se vayan tomando.

La Corporación, como banca de desarrollo, siempre trabajará con celeridad ante todo lo dispuesto por el directorio, dijo en su comunicado.

Entre tanto, el vocero oficial de la Presidencia de la República, Eduardo Bonilla, señaló que “en el Gobierno del encuentro se nos ha pedido ser responsable con la administración de los fondos públicos” es así que este Gobierno transparentará la información con ética y responsabilidad.

Sobre la decisión del Gobierno, la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros (Fedeseg) aseguró que el gremio asegurador ecuatoriano es partidario de la libre competencia, transparente y técnica. Consideró que la participación de todas las aseguradoras y reaseguradoras autorizadas y calificadas para operar en el país es el mecanismo idóneo para garantizar el acceso a las mejores coberturas, servicios, garantías y precios en favor del cliente.

Patricio Salas, secretario ejecutivo de la Federación, ratificó que el sector asegurador privado servirá al sector público como siempre lo ha hecho, con seriedad y responsabilidad, dentro de las políticas de transparencia que impone la ética. Además solicitó dialogar con el Gobierno para definir un entorno legal y regulatorio que facilite la participación equitativa de todos los actores, así como reglas claras y técnicas para la sana competencia, lo que redundará en beneficios para los contratantes y la colectividad en general.