El incremento del salario básico unificado de $ 425 a $ 450, desde enero del 2023, decidido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, a través del decreto 611 del 30 de noviembre genera presión en el sector empresarial que deberá tener más recursos para esos pagos, pero además dejó inconformes a los representantes de los trabajadores.

Aunque los trabajadores dentro del proceso de mesas de diálogo en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios habían dicho que se debería incrementar unos $ 25 para ir acorde con la promesa de campaña, los representantes del Frente Unitario de Trabajadores (FUT) anunciaron este 1 de diciembre movilizaciones en rechazo de las políticas del Gobierno, y manifestaron su inconformidad porque el salario básico no está aún en $ 500. Mesías Tatamuez, presidente de la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores (Cedocut), indicó que la oferta de campaña fue esa y no como se lo hace ahora de manera paulatina. Por su parte, la dirigente Marcela Arellano dijo que este incremento solo beneficia a unas 400.000 personas que ganan el salario básico.

Sobre el tema, Xavier Sisa, representante del sector empleador en el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, comentó que las reacciones de los trabajadores sobre el incremento parten del error del presidente Lasso de haber hecho un ofrecimiento sin base técnica alguna, y esto acarrea que los planteamientos del sector trabajador carezcan de fundamento técnico.

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También aclaró que el incremento del salario básico no beneficia únicamente a quienes ganan el básico, sino que el incremento de la base también favorece a quienes están en las otras categorías superiores de las mesas sectoriales, incluso se les incrementa más que los $ 25. El problema, explicó, es que este aumento solo beneficia a quienes ya tienen trabajo adecuado; pero a la vez genera una barrera para la contratación laboral. Lo que sucede cuando se incrementa el salario de manera antitécnica es que el empleador se va más bien por la informalidad y se arriesga incluso a ser sancionado pero no paga al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), o pide solo trabajo por facturas, entre otras alternativas. Según sus cálculos, existen unos 350.000 trabajadores que solo ganan salario básico.

Édgar Sarango expuso: “Ese incremento era lo que en última instancia aspirábamos los trabajadores, es un aliciente, no como lo que queremos, pero ayuda a mejorar la actitud de los trabajadores”. Consideró que si esto se mantiene en los siguientes años como lo indicó el presidente en su campaña y se termina incrementando $ 100 (es decir, a $ 500), entonces se acercará más a tener el salario digno que está determinado en la Constitución.

Comentó que el sector empleador se siente preocupado por el incremento, pero que el sector empresarial no quiebra por el incremento del salario, sino por otras circunstancias. En este sentido, reconoció que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios debe buscar alternativas para la generación de empleo. La idea sería también ir hacia una reforma al Código del Trabajo, mejorar leyes que están sueltas.

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Fernando Ibarra, del Parlamento Laboral, coincidió con otros líderes sindicales en que el incremento es justo pero insuficiente. Para él, es correcto que el presidente cumpla sus ofertas de campaña, pero aseguró que debió ser más audaz y establecer un mayor incremento, pues la economía necesita más recursos para dinamizarse.

Lo que ha revelado en este momento el alza salarial desde el presidente, según Ibarra, es que el Consejo de Trabajo y Empleo es obsoleto para este tipo de tema y sugirió que se le pase la facultad de establecer los salarios a la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional.

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Para Ibarra, una mayor cantidad de recursos en la economía genera una mayor demanda de bienes por parte de la sociedad. Esto obliga a contratar a más gente y esto justamente generaría más trabajo. Además desestimó lo que dicen otros analistas e incluso empresarios, que indican que al incrementarse los salarios de una manera antitécnica generarán despidos en las empresas.

“Siempre dicen lo mismo, con tal de no incrementar el salario, se escudan en ese fantasma, en ese cuco de que si aumentamos salarios, quebramos”.

Rodrigo Gómez de la Torre, también miembro del Consejo, dijo que el decreto ejecutivo que instruye al ministro del Trabajo elevar el salario se ha basado en un tema político al ser parte de sus promesas de campaña. Sin embargo, indicó que está pendiente la promesa de campaña de flexibilizar el mercado laboral. La idea sería no solo subir salarios, sino también generar empleos y revolver el tema de la empleabilidad. Con esta medida lo que va a suceder es que “van a tener sueldos más altos, pero menos empleos”. Explicó que la economía no se ha recuperado del todo y por ello no se llega a tener niveles de empleo de antes de la pandemia (2019).

También recordó que Ecuador ya estaba entre los países con mayores salarios de la región, pero ahora podría haber quedado en el puesto más alto. Pero, aseguró, actualmente la medición no debe hacerse sobre el salario, sino sobre la productividad laboral.

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Gómez de la Torre invitó a la ciudadanía a mirar lo que ha pasado en años anteriores con la Encuesta de empleo, desempleo y subempleo, y verificar que en enero y febrero se producen caídas importantes del empleo, justamente por no poder seguir absorbiendo más gastos.

Y se mostró a favor de que haya una reforma laboral; sin embargo, también dijo que debe haber una campaña de socialización sobre las herramientas que ya existen y que tienen los empleadores para hacer más flexible la contratación. (I)