Acuerdo entre Petroecuador y comunidad waorani de Dicaro pone fin a casi cuatro meses de protestas

Habitantes de la comunidad waorani de Dicaro levantaron la paralización que mantenían en las zonas de influencia de los bloques 16 y 67, en la provincia de Orellana, informó Petroecuador este martes 11 de abril a través de un comunicado.La estatal aseguró que el levantamiento de la medida obedeció a los acuerdos alcanzados a través de mesas de diálogo desarrolladas el lunes 10 de abril, entre representantes de la comunidad y autoridades de Petroecuador, del Ministerio de Energía y Minas, de la Gobernación de Orellana y otras instituciones.El mismo día del diálogo Petroecuador comunicó que el promedio diario de producción había caído el 50 % en los bloques mencionados “como consecuencia de actos vandálicos ocasionados por grupos externos a la operación petrolera que afectaron a las instalaciones”. Uno de estos sucesos se registró el 6 de abril pasado, según las Fuerzas Armadas, cuando personal militar que vigilaba las inmediaciones del bloque 16 “fueron atacados violentamente con escopetas y lanzas por parte de miembros de la comunidad de Guaiyero”.En tanto, este acuerdo anunciado por la estatal marca el final de casi cuatro meses de protestas desde que el 25 de diciembre pasado la comunidad de Dicaro inició una resistencia pacífica en su territorio.En ese periodo también hubo contradicciones. El 14 de febrero pasado la estatal también había anunciado el levantamiento de la medida, luego de llegar a un supuesto acuerdo, que fue negado después por la comunidad, que aclaró que solo se acordó un plazo de tres días para que Petroecuador pueda revisar sus instalaciones petroleras y levantar la información de sus necesidades básicas insatisfechas.Esa protesta se debió a la supuesta contaminación causada por la empresa Repsol-Petrolia y al ingreso no consultado de Petroecuador al territorio ancestral de la comunidad waorani de Dicaro, que demandaba al Estado que transparente toda la operación de la empresa privada que operó los bloques 16 y 67 que fueron revertidos al Estado el 31 de diciembre de 2022; tras cumplirse el plazo contractual, Petroecuador asumió la operación el día siguiente, el 1 de enero de 2023.Entre otros pedidos, la comunidad solicitó entonces que se inicien acciones legales y administrativas por las supuestas violaciones a los derechos del pueblo waorani afectado por la empresa Repsol-Petrolia; y a Petroecuador que entregue la información de toda la operación y planes de la empresa estatal en el bloque 16, así como los posibles beneficios que representará la continuidad de la explotación petrolera a la comunidad.Mientras, sobre los acuerdos alcanzados ahora, Petroecuador informó que de acuerdo a los lineamientos del Gobierno, trataron los puntos solicitados por los comuneros, enmarcados en la ley y competencia de cada entidad.Según la estatal, estas resoluciones forman parte del Plan de Relaciones comunitarias que implementa en las zonas aledañas a sus proyectos, gestión que se relaciona a los ejes de infraestructura comunitaria, educación, derechos humanos, revalorización cultural, salud y fomento de proyectos productivos para el sustento de las comunidades de la zona de influencia de los bloques 16 y 67.“La empresa realizará las gestiones pertinentes, dentro de sus competencias, para dar cumplimiento a los compromisos con todas las comunidades de la zona de influencia de los bloques 16 y 67 con las que se llegaron a acuerdos, entre las cuales están Pompeya, Indillama, Yarentaro y Dicaro”, especificó la estatal petrolera. (I)

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