En la disputa legal que enfrenta a Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), con el Gobierno de Guillermo Lasso, por recursos para la Función Judicial, reclamados mediante una acción de protección que está en trámite, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) salió a decir que en la última década se entregaron $ 4.497 millones en presupuestos para la Judicatura, pero que esa institución ha devuelto al fisco $ 500 millones que no se ejecutaron.
La defensa de Finanzas criticó que el dinero no devengado supera a los $ 265 millones que Wilman Terán ahora exige que se transfiera a la entidad.
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El presidente de la Judicatura, a título personal acusó al Ejecutivo de haber reducido el presupuesto institucional en los últimos años, afectando los servicios que ofrece el Consejo.
La afirmación del Ministerio de Finanzas sobre los recursos no ejecutados es refutada por el director general del Consejo de la Judicatura, David Guzmán.
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En entrevista con EL UNIVERSO, Guzmán replicó este y otros temas expuestos por la defensa del MEF, durante la audiencia por la acción de protección que se desarrolló el lunes y cuyo desenlace se conocerá el 19 de abril.
¿Cuál es la réplica que hace sobre los $ 500 millones que según Finanzas no se han ejecutado?
Cabe resaltar que dentro de la audiencia (del Ministerio de Finanzas), la técnica que defendió las cifras financieras, la economista Olga Núñez, jamás mencionó la suma de los $ 500 millones. Esa suma fue mencionada desde la parte de la defensa de la Presidencia de la República. El informe defendido por la técnica del Ministerio de Finanzas jamás reflejó esa suma. Adicionalmente, la suma establecida conforme a los registros que constan en el Consejo de la Judicatura no se compadece con la realidad presupuestaria de la institución, dentro de los últimos diez años. De acuerdo a las cifras que maneja el Consejo de la Judicatura desde el año 2013 al año 2022 el total de los saldos por devengar corresponde a $ 141′252.282, tomando en cuenta, adicionalmente, que incluso hubo la imprecisión técnica de haber considerado en estos saldos por devengar el presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2023, que se encuentra en curso y que tiene por devengar $ 268′248.84. Es decir, hicieron un ejercicio de sumatoria totalmente aleatorio, antitécnico e impreciso, que no se compadece con la realidad.
¿Cuánto finalmente ha devuelto la Judicatura a Finanzas?
Hay que hacer una precisión técnica, que tampoco la mantuvo la defensa técnica del poder Ejecutivo. Y es que el Consejo de la Judicatura no devuelve recursos, porque el CJ no maneja directamente los recursos. Todo se maneja directamente a través del Ministerio de Finanzas, con la Cuenta Única del Tesoro Nacional. Por ende, el Consejo de la Judicatura jamás ha recibido esos recursos en una cuenta propia y no ha hecho ninguna devolución al respecto.
¿Hay alguna cantidad que la Judicatura no haya ejecutado y cuáles son las razones?
En lo que corresponde a la ejecución de gastos corrientes hay entre el 96 al 98 % de ejecución total año tras año. La problemática se da evidentemente en la ejecución de gastos de inversión, pero que corresponden a otra lógica dentro de lo que es el proceso de planificación; es decir, la aprobación del proyecto de inversión en la Secretaría Técnica de Planificación (Senplades), la asignación de los recursos en momento oportuno. Por ejemplo, si es que tenemos aprobado un proyecto de inversión para todo el año y este proyecto es apenas financiado en octubre, noviembre y diciembre, los tiempos de las compras públicas no nos van a permitir ejecutar ese proyecto de inversión en los tiempos establecidos. Y como le mencionaba: ¿Cómo ejecutamos un proyecto de inversión si apenas tenemos una aprobación de un proyecto cuando está por culminar el ejercicio fiscal? El Ministerio de Finanzas tampoco considera que en procesos de contratación pública la institución compromete recursos. El desembolso del anticipo no corresponde a un devengado, es un comprometido. Como aún no hay un cierre de ese contrato, porque está en vigencia y ejecución, el Ministerio de Finanzas lo considera como ejecución $ 0, pese a que está contratado, está anticipado y está avanzando la contratación de ese proceso.
¿En qué momento reciben finalmente los recursos de Finanzas?
A inicios de año recibimos el financiamiento, pero es incompleto, tomando en cuenta que nosotros hemos planificado para todo el ejercicio fiscal un (presupuesto) óptimo, y ese óptimo no ha sido ejecutado. El pedido de desembolso se lo realiza conforme a las necesidades. Voy a poner un ejemplo puntual, en el tema de pago de sentencias; tenemos varias sentencias por cancelar, lo que son las reparaciones sobre todo. Vamos con las sentencias al Ministerio de Finanzas, y Finanzas me dice “bueno, este mes tenemos para una sentencia”. Las necesidades son una cola enorme de sentencias sin ejecutar, que como Judicatura podemos caer en la responsabilidad de una acción constitucional por incumplimiento. Podría decirse que requerimientos que hacemos nosotros (Consejo de la Judicatura) y que “por goteo” se han ido financiando.
En la audiencia la economista Olga Núñez, del Ministerio de Finanzas, puso como ejemplo que en el 2022 la Judicatura no ejecutó varios proyectos y mencionó: violencia contra la mujer, modernización del sistema judicial, adquisición de infraestructura, entre otros. ¿Por qué no se ejecutaron, qué pasó?
Para el Ministerio de Finanzas la falta de ejecución puede ser que no esté devengado ni cumplido el contrato al 100 %, con el acta de entrega-recepción. Para ellos, eso es falta de ejecución. Pero desde la óptica institucional, cuando nosotros contratamos un proceso pagamos anticipo, dejamos comprometido certificado presupuestariamente; el proceso ya está comprometido. Hay proyectos, por ejemplo, la Plataforma Segura Notarial están todos sus componentes debidamente contratados en el sistema de contratación pública, lo que no está es debidamente cerrado el proceso porque ha habido retardos por parte del contratista, para la entrega de los equipos de insumos informáticos. Son retardos justificados, pedimos ampliaciones de plazo por el tema de la situaciones de fuerza mayor a nivel mundial y nacional. Este Consejo, su fuerte es el pago de gasto corriente para la ejecución del servicio.
¿En qué estado se encuentran los proyectos mencionados?
El tema de lo que es la Plataforma está pagado el anticipo. Obviamente, ante Planificación y ante el Ministerio de Finanzas esto no va a constar como ejecutado. Violencia de Género es una subvención, ese proyecto no es con fondos del Estado que recibimos a través de Finanzas, sino es a través de un convenio de cooperación internacional, que lo financia la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo). El Ministerio de Finanzas, en este caso, incluso mezcló proyectos que no tienen nada que ver con las asignaciones del Presupuesto General del Estado.
¿Cuál es la situación respecto al pago de las sentencias? Finanzas indicó que no se puede presupuestar cuánto se tendrá que pagar.
Es un presupuesto que va a seguir subiendo gradualmente. Para el año 2022 solicitamos $ 6 millones y al corte de hoy, no vamos ni el primer semestre del año 2023, ya este presupuesto de sentencias alcanza 13 millones. Evidentemente, el pago de sentencias, como decía la economías (Olga Núñez) no es previsible ni planificable, pero es un pago que sigue creciendo. ¿Si el Consejo de la Judicatura no maneja recursos propios y “no tendría autonomía”, a quién más le corresponde financiar estos valores, si no es Finanzas? Al menos nosotros, como Consejo de la Judicatura tenemos todos los respaldos necesarios con la finalidad de establecer que hemos hecho todas las gestiones posibles para garantizar el cumplimiento de estos derechos, pero que la falta de incumplimiento corresponde a motivos técnicos ajenos a la institución.
¿De donde salen los $ 265 millones que se demandan en la acción de protección?
El Consejo de la Judicatura no es el accionante de esta acción de protección. Mal nosotros podríamos establecer dichas cifras, porque nosotros somos legitimarios pasivos (demandados) de la causa. Eso se resolverá en la respectiva sentencia de la jueza constitucional.
En cuanto al pago de indemnizaciones por jubilación a exfuncionarios judiciales, Finanzas afirmó que no se han dado recursos porque la Judicatura no se quiso apegar a la normativa para el tema
Por principio de autonomía, en el año 2018 el Ministerio de Trabajo nos excluyó de este régimen que se maneja, recordando que nosotros tenemos una norma específica y también de acuerdo a la Constitución. No es que nosotros nos hayamos salido de ese plan de manera arbitraria. (I)