Fiscalía busca vincular a seis personas y una empresa a instrucción por el delito de peculado ocurrido en la adquisición de pruebas para Covid-19

A cuatro días de que concluyan los 90 días de instrucción fiscal por el delito de peculado que habría ocurrido en el proceso de compra de pruebas PCR para el diagnóstico de Covid-19 por parte de la Secretaría de Salud del Municipio de Quito, la Fiscalía pide al juez de Pichincha, Máximo Ortega, que defina una fecha para que se realice una audiencia en la que se vincule a seis personas naturales y a una persona jurídica al proceso penal.

Ximena A., Linda G., Daisy H., Paola C., Erik A., Marco R. y la empresa Salumed S.A. son las personas naturales y la persona jurídica contra quienes la fiscal Ruth Amoroso, de la Unidad de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cree que durante la investigación realizada han aparecido datos que hacen presumir su autoría o participación en el delito analizado.

El 13 de noviembre pasado, el juez Máximo Ortega abrió una instrucción fiscal de 90 días y ordenó prisión preventiva para el ex secretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla, quien se encuentra prófugo, y Alejandro V., mientras que para Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M. emitió medidas cautelares de presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

Las medidas fueron adoptadas una vez la Fiscalía formuló cargos contra todos, por aparentemente tener algún grado de participación en irregularidades cometidas en la adquisición por parte de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino de 100.000 pruebas para Covid-19, en las que habría existido un sobreprecio. Los seis ciudadanos y la empresa se sumarán a las siete personas ya procesadas.

El pedido de audiencia para vincular se da pocas horas después de que el alcalde de Quito, Jorge Yunda, llegó, la mañana de este lunes, a la Fiscalía General del Estado (FGE) para ampliar su versión dentro de la investigación por peculado ante irregularidades en la compra de pruebas PCR para detectar Covid-19 que se hizo desde la Secretaría de Salud del Municipio de Quito.

Luego de ampliar su versión indicó que en la diligencia se le ha preguntado sobre qué procedimientos ha hecho la Secretaría de Salud y que él ha contestado con lo que sabe respecto al tema.

El 29 de enero pasado, agentes de la Fiscalía de Pichincha allanaron varias oficinas de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito, debido a que habían conocido, de manera reservada, que funcionarios públicos de esa instancia municipal habrían ocultado documentación con información técnica relevante sobre irregularidades en la adquisición de pruebas para Covid-19.

En el allanamiento se incautó documentación relacionada a la asesoría técnica para el análisis y procesamiento de pruebas para diagnosticar Covid-19.

En uno de los documentos identificados por Fiscalía se señalaría en su parte final: "Estos resultados son consistentes cuando comparados con los de la evaluación de este mismo producto, realizado por la Subsecretaría de Prevención y promoción de salud de México, que se indica que para cargas virales de 100 copias por reacción no se obtuvo un resultado positivo no para la región RdRP, ni para el gen N, por lo que podemos concluir que el kit Isopollo COVID-19 DETECTION kit no tiene el 99-100 % de sensibilidad declarado por el proveedor al momento del contrato".

Ante esta realidad, Yunda explicó: "Todos los temas de las pruebas se debatieron en Pleno del Consejo. Hubo una versión de que había supuestamente una baja sensibilidad, que fueron corroboradas por el Korea Testig Certification, fueron corroboradas por SinLab, y no ha habido ningún reporte. Eso es lo que a nosotros nos da la transparencia", apuntó Yunda.

La defensa de Lenín Mantilla acudió a la ampliación de versión de Yunda y reiteró que su cliente es inocente, que su cliente hizo únicamente en este caso lo correcto dentro de este proceso de contratación. (I)