El salario básico del Ecuador ha crecido 700% en dos décadas de dolarización, al pasar de $ 57 en el año 2000 hasta llegar a los $ 400, que se acaban de fijar para el salario básico del 2021. En todos los años, excepto en este último, en el cual el ministerio decidió mantener el salario en $ 400, siempre hubo incrementos salariales.

Por ejemplo, en los primeros años de dolarización se generó una suerte de ajuste del sistema. Así el salario pasó de $ 57 en el 2000 a $ 160, en 2006; casi el triple de incremento.

Esto porque previamente, entre el año 1990 al 1999, el salario se había visto afectado por las devaluaciones progresivas del sucre, lo que generó que el salario en dólares se vea reducido a medida que se devaluaba la moneda, dice un análisis del Ministerio de Trabajo. El documento también establece que solo entre 1998 e inicios del año 2000 no se realizaron incrementos salariales debido a la situación fiscal.

En cambio, a partir del 2007 hasta el 2017, la elevación se dio muy por encima de la inflación, lo que hizo al país menos competitivo. Así el salario pasó de $ 170 a $ 375, un poco más allá del 200%. En el último periodo el salario también ha crecido, pero de manera menos acelerada (14 dólares en cuatro años) al pasar de $ 386 en 2018 a $ 400 en 2021.

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De acuerdo con Jaime Carrera, secretario ejecutivo del Observatorio de la Política Fiscal (OPF) entre el año 2000 y 2006 sí subió el salario vital, pero como una respuesta a la inflación que en el 2000 fue de 96%. En el 2001, la inflación ya bajó a 37%, mientras que en el 2003 se mantuvo todavía elevada al 12%. Solamente a partir del 2004 el país alcanza el equilibrio en dolarización con una inflación del 2,7%. En cambio entre el 2007 y 2017 el incremento del salario fue totalmente desproporcionado con relación a la inflación que se mantenía entre el 2% y 3%, explica Carrera.

Este comportamiento significa, según Carrera, que sí hubo una mejora en el poder adquisitivo de la gente; pero a la vez, la consecuencia fue que el país se volvió caro, ya que los costos de producción también encarecieron. Por ello se muestra de acuerdo en que este año no se haya producido un incremento: “En rigor el salario debería reducirse, pues en el país hay deflación, pero como la ley indica que no se puede reducir, se mantiene. En todo caso, al ser alto el salario, se mantienen también los problemas de competitividad”, asegura.

De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), la relación del salario, el ingreso familiar y la canasta básica sí ha mejorado.

Por ejemplo, en enero del 2000 el ingreso familiar (calculado al considerar 1,6 perceptores de ingresos en una familia) era de $ 80, pero la canasta costaba $ 178. Así el faltante era de 63% entre el ingreso y la canasta. Ya para terminar el gobierno de Lucio Gutiérrez, la diferencia estaba en 32%. En la década correísta el ingreso familiar se incrementó casi al nivel de la canasta. Finalmente, en octubre del 2020, que es el último dato disponible del INEC, el ingreso familiar que se calcula en $ 746, supera al valor de la canasta familiar que es de $ 710, es decir el ingreso la supera en 5,06%.

Sobre el tema, el Ministerio de Trabajo opina que las decisiones de política económica no siempre fueron acertadas en el tiempo. El ente explica que a pesar de que Ecuador tiene el segundo salario más alto de la región, no se siente, porque el país es caro. Esto tiene su raíz en un gasto público no responsable en el que se tomaron los ahorros y gastaron recursos del petróleo, y se endeudaron agresivamente. Esto generó una burbuja y cuando el precio del crudo bajó, el modelo ya no fue sostenible.

Ahora dice el ministerio, el desafío es generar oportunidades sostenibles en el sector privado, no se debe depender del Estado.

Más allá de la problemática del salario para el sector formal, hay un tema importante para el debate y que es la informalidad, pues dos de cada tres trabajadores están en la informalidad y el desempleo.

María Isabel Sánchez, coordinadora nacional de proyecto de la OIT para los países andinos, considera que la pandemia ha exacerbado las brechas que ya se vivían, pero pone las alertas en que el tema de la informalidad se está convirtiendo en un tema estructural. Tras un reciente estudio sobre el mercado informal en Quito, explica que la permanencia de más de tres años de un trabajador en el sector informal es preocupante. Por ello se ve necesaria la construcción de políticas hacia la formalización.

La experta da una pauta de lo que deberían involucrar estas políticas: promover el crecimiento y productividad de las empresas, que haya un cumplimiento de normas, lo cual tiene que ver con el acceso a la información, capacitación, simplificación de trámites y mejoramiento de los espacios de diálogo social. Además se debe dotar de incentivos para que las empresas se puedan incorporar al sector formal y esto pasa por una política adecuada de impuestos y de la Seguridad Social.