Luego de casi tres horas de audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra el sueco Ola Bini y el ecuatoriano Marco Argüello, ambos acusados del delito de acceso no consentido a un sistema informático, la jueza penal de Pichincha, Yadira Proaño, suspendió, al mediodía de este jueves, la diligencia para analizar los argumentos de las partes procesales en relación a los vicios que podrían afectar la validez del proceso.

Solo la defensa del extranjero, Carlos Soria y José Charry, se tomaron más de hora y media para dar a conocer a la jueza las nulidades que para ellos existen desde el momento que fue detenido Bini y que generarían la nulidad de todo lo actuado hasta el momento en la causa. Antes de la instalación de la audiencia, Soria aseguró que existen más de 120 violaciones a los derechos humanos de su cliente.

El fiscal del caso replicó los argumentos de los acusados, asegurando que no existen vicios de competencia, procedimiento, procedibilidad, entre otros, que afecten la validez de lo realizado en el caso. Pidió a la jueza que se desechen los vicios alegados y que se instale la fase preparatoria de juicio para dar a conocer el dictamen de la Fiscalía.

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La diligencia se instaló con la presencia de representantes de organizaciones sociales como parte de una misión de observación para garantizar el debido proceso

Soria dijo que como defensa esperan que la justicia sea la que obre dentro del proceso y ya no más las presiones políticas como las que han existido hasta este momento.

"Desde que empezó todo esto recordemos que fue una declaración de una exministra de Gobierno que inculpó a Ola Bini de haber hecho cualquier otra cosa, junto a otras dos personas que nunca aparecieron. En primer momento era desestabilización al Gobierno del Ecuador, luego ataques a sistemas informáticos, que tampoco pudieron probar y luego un acceso no consentido. entonces eso es algo que nosotros hemos visto como un ensañamiento de parte del Gobierno del Ecuador en contra de una persona que decidió radicarse en el mismo", apuntó Soria.

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En agosto de 2019, a días de que concluya la instrucción fiscal en este caso el fiscal Fabián Chávez presentó ocho elementos de convicción para pedir a la jueza Proaño dé paso a la reformulación de cargos, para en lugar de investigarlos por el delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos se los procese por acceso no consentido a un sistema informático.

La audiencia tuvo varios contratiempos en su instalación. Por ejemplo la conexión telemática con el traductor definido presentó fallas y tuvo que resolverse en ese instante para garantizar el derecho.

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La jueza Proaño convocó para el próximo 16 de diciembre, a las 09:30, para la reinstalación de la audiencia en la que se dará a conocer la resolución de esta primera parte de la diligencia. (I)