Por el delito de peculado, el juez penal de Pichincha, Máximo Ortega, abrió, la tarde de este viernes, una instrucción fiscal de 90 días y ordenó prisión preventiva para el exsecretario de Salud del Municipio de Quito, Lenín Mantilla, y Alejandro V., mientras que para Diego S., José M., Simón V., Enrique B. e Iván M. medidas cautelares de presentación periódica una vez por semana y prohibición de salida del país.

La medidas fueron adoptadas una vez la Fiscalía formuló cargos contra todos, en el Complejo Judicial Norte, en Quito, por tener algún grado de participación en irregularidades cometidas en la adquisición por parte de la Secretaría de Salud del Municipio capitalino de 100 mil pruebas para Covid-19, en las que habría existido aparentemente un sobreprecio.

En la adquisición de pruebas PCR que investiga la Fiscalía, el Municipio de Quito habría invertido más de $ 3.7 millones. Respecto a este tema, la Contraloría General del Estado emitió, a finales de julio pasado, un informe con indicios de responsabilidad penal en el que se establecían inconsistencias como que no se justificó la necesidad de la compra, los objetivos de la misma, ni tampoco la capacidad de procesamiento de resultados de las pruebas que se pensaba adquirir.

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Respecto al informe de Contraloría con que se inicia este caso por peculado, Lizardo Díaz, abogado de Mantilla, aseguró que aportarán al proceso con otros elementos que desvirtúan lo dicho en ese informe. Según él, existen otros informes que demostrarían que los procesos contractuales y precontractuales fueron hechos apegados a la Ley al punto que, refirió, el mismo Sercop (Servicio de Compras Públicas) los autorizó.

Mantilla mantenía en este caso ya una orden de detención con fines investigativos a la cual no se presentó el exfuncionario municipal. "Vamos a hacer todo lo posible para que Lenín Mantilla acuda y dé todas las herramientas necesarias para que esta situación se esclarezca", apuntó Díaz.

Eduardo García, abogado del ahora procesado Simón V., indicó que su cliente cumplirá todos los viernes con la presentación periódica ordenada y en los 90 días de instrucción fiscal demostrarán que no hay ningún tipo de evidencia que revele responsabilidad de su representado en el delito de peculado. Recordó que se le definió esa medida cautelar porque, entre otras cosas, tiene un trabajo fijo y sobre todo siempre ha acudido a los llamados de la Fiscalía. (I)