Ocho puntos contiene la carta de intención que envió el Gobierno ecuatoriano a la gerenta-directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Bajo el título Carta de Intención, la misiva que consta de tres páginas y al menos dos anexos está firmada por el ministro de Finanzas, Richard Martínez, y la gerenta del Banco Central (BCE), Verónica Artola.

Mediante esta carta, el Gobierno explica de manera general la situación del país y realiza la solicitud formal del monto requerido ($ 6.500 millones, a 10 años plazo, con cuatro de gracia y con un interés del 2,9 %).

1. Crisis económica

En el primer punto se aborda la crisis del país que venía arrastrándose desde el Gobierno anterior, pero que se complicó por la pandemia. El régimen explica que el confinamiento que se decidió para detener la propagación del virus, junto con la dramática caída en los precios del petróleo y el colapso de la actividad global, ha generado costos económicos sin precedentes en nuestra historia moderna.

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2. Apoyo y avances

En el segundo punto se recuerda que Ecuador recibió el apoyo del FMI con un crédito por $ 643 millones el 3 de mayo, y que ayudó a aliviar la tensión en nuestro sector de la salud. Pero dice que paralelamente se ha avanzado en diversas áreas para fortalecer el marco fiscal, como la aprobación de la Ley de Finanzas Públicas, y la renegociación exitosa de la deuda externa con los bonistas internacionales.

3. Reactivación y monto

En el punto tres se habla de un nuevo plan económico integral que consta en el Memorando de Políticas Económicas y Financieras (MEFP) y que tiene dos objetivos específicos. El primero es la recuperación económica a corto plazo y ampliar la protección para los más vulnerables. El segundo tiene que ver con implementar reformas para fortalecer las instituciones nacionales, incluida la base para la dolarización. En este punto se hace mención al monto requerido en el nuevo acuerdo.

4. Nivel de atrasos y reforma monetaria

Como cuarto punto se establece que habrá un monitoreo del saldo actual de atrasos para prevenir una mayor acumulación de estos. Para ello se indica que se fortalecerá el sistema de adquisiciones, el marco anticorrupción, transparencia fiscal relacionada con COVID-19. Por lo mismo se habla de que habrá más control del gasto y transparencia general de la deuda. Se habla además de la reforma a la Ley Monetaria (autonomía del Banco Central) y modernización de contratos laborales.

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5. Gastos no urgentes

Como quinto punto se indica que antes que extender atrasos se buscará posponer los gastos no urgentes, entre ellos se hará una revisión rigurosa para el tema de inversión de capital y temas de COVID-19.

6. Programa financiado

En el sexto punto se da una explicación sobre cómo el nuevo programa será también un catalizador en la movilización de apoyo internacional, incluidos el Banco Mundial, el BID y la CAF, así como de acreedores bilaterales. Esto, según el Gobierno, garantiza que el programa está totalmente financiado “y ayuda a restablecer el acceso a los mercados internacionales de capital”.

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7. Consultas al FMI

En cuanto al séptimo punto se indica que se actualizará un memorando de entendimiento entre el Banco Central del Ecuador y el Ministerio de Economía que aclara las responsabilidades para el servicio oportuno de las obligaciones financieras con el Fondo Monetario.

También se indica que el Ecuador está dispuesto a tomar decisiones políticas adicionales para lograr los objetivos del programa. Esto sin salirse de las normas del Fondo. “De acuerdo con las políticas del Fondo, consultaremos con el FMI sobre la adopción de estas decisiones y antes de cualquier cambio en nuestros planes de política”, dice el documento.

En este punto se menciona que solicitan la “aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI para mantener la restricción cambiaria existente derivada del impuesto sobre transferencias al exterior para la realización de pagos y transferencias sobre transacciones internacionales corrientes en el fundamento de que la medida se mantiene a efectos de balanza de pagos”.

8. Publicar información

El octavo punto, en cambio, tiene que ver con la autorización que da el Gobierno al FMI de hacer públicos la carta y los datos económicos del país. (I)

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