Consulta popular sobre minería en Cuenca tardó nueve años en concretarse

La consulta popular para definir el futuro de la minería metálica a gran escala en el cantón Cuenca llega después de nueve años de marchas, demandas, reuniones y declaratorias. Aunque la lucha de los sectores sociales y autoridades de turno se enfocó principalmente en los proyectos Loma Larga (antes llamado Quimsacocha) y Río Blanco.

El pasado 21 de septiembre, la Corte Constitucional (CC) emitió un dictamen favorable al pedido de la Municipalidad de Cuenca para que convoque a una consulta popular con cinco preguntas y que los 435 963 cuencanos empadronados para las próximas elecciones respondan a los siguientes textos: “¿Está usted de acuerdo con la prohibición de la explotación minera metálica a gran escala en la zona de recarga hídrica del río Tarqui, según la delimitación técnica realizada por la Empresa Pública Municipal de Telecomunicaciones, Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cuenca-Etapa EP? Sí () No ()”.

Los textos en las cuatro preguntas son los mismos, la única diferencia es la zona de delimitación cambiando el nombre de los ríos por el Yanuncay, Machángara, Tomebamba y Norcay.

El plebiscito se realizará el próximo 13 de diciembre, anunció el viernes la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

Políticamente han sido varias autoridades municipales y provinciales de Azuay las que han liderado diferentes procesos. En el documento enviado por la Municipalidad a la Corte consta que en diciembre del 2011 desde un Parlamento Ciudadano organizado por la Prefectura se emitió una primera intención de discutir la posibilidad de realizar una consulta.

En el 2012 le siguió la denominada Marcha por la Dignidad del Azuay, cuyo lema era “Agua u oro”. Más tarde, en el 2016, la Cámara Provincial resolvió declarar a los páramos y fuentes de agua como zonas libres de minería metálica.

Desde el Municipio también se impulsaron algunas acciones. En septiembre del 2011 y enero del 2017 el Concejo Cantonal declaró a Cuenca territorio libre de minería metálica y exigió al Gobierno nacional el archivo de las concesiones de minería metálica en todo el cantón.

Sin embargo, las decisiones que dieron efectos legales y frenaron la minería fueron las impulsadas por las comunidades campesinas de las parroquias rurales de Cuenca.

La más recordada fue la de junio del 2018 cuando un juez aceptó una acción de protección y suspendió “las actividades de explotación que se estén desarrollando del contrato de concesión denominado Río Blanco”. La decisión fue apelada, pero la sentencia se ratificó en la Corte Provincial de Justicia y desde entonces el campamento ubicado en la parroquia rural Molleturo está sin utilizar.

El concejal y presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Cristian Zamora, considera que la consulta que se desarrollará en diciembre es la consecuencia más grande de todos los pronunciamientos, porque sea cual sea el resultado es la que “da obligatoriedad a todos los niveles de Gobierno”, mientras que los otros pronunciamientos correspondieron únicamente desde sus competencias administrativas.

El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, dijo que todas las consultas que se han hecho y que han sido desestimadas o archivadas “nos han servido porque de ahí parten los insumos para saber cuáles fueron las motivaciones por las que la Corte en su momento consideró que no podían pasar. Por ejemplo, grado de especificidad de la pregunta, grado de ubicación, responsabilidad sobre el tema...”.

Fernando Vega, integrante del colectivo Cabildo por el Agua, cree que el éxito de este proceso se dio porque hubo un trabajo comunitario, en minga técnica, social, jurídica y política, en el que la sociedad civil a través de grupos como YASunidos, Cabildo por el Agua o el Foro Autónomo por el Bicentenario de Cuenca aportó con motivación de conciencia en los medios de comunicación y generación de ideas para redactar adecuadamente las preguntas.

Y refiere que el prefecto azuayo y precandidato presidencial Yaku Pérez “a pesar de amar y querer tango la minga, las consultas que él planteó no fueron construidas comunitariamente, fueron construidas caprichosamente por él, y entonces no se pudieron afinar, depurar las preguntas, que fueron rechazadas en la Corte Constitucional, ahora sí esta consulta se hizo en una minga”.

Apenas se conoció sobre la consulta, la empresa canadiense INV Metals empezó una campaña de publicidad por redes sociales en la que difunde, con testimonios, los beneficios de la nueva minería.

El alcalde Palacios explicó que cuando empiece la campaña electoral su trabajo no será decir no a la minería porque “no están en contra” de esta actividad, sino más bien difundir el contenido de las preguntas para que la gente decida.

A los sectores promineros que cuestionan la consulta por considerar que traerá perjuicios económicos y legales al Ecuador, Palacios respondió: “Nuestro país no es para tener una sola actividad, la que fuese, el país tiene un compendio de muchas actividades (…) como la agricultura, ganadería, la industria y la dinámica económica no puede basarse en una sola actividad y sobre todo cuando perjudica a una zona tan sensible como las fuentes hídricas”.

La consulta de Girón

El 24 de marzo de 2019 el 86,7 % de los habitantes del cantón azuayo Girón se pronunció en contra de que se realicen actividades mineras en los páramos o fuentes de agua del Sistema Hidrológico Quimsacocha, por lo que desde ese día las actividades de la empresa canadiense INV Metals están suspendidas.

Fausto Ávila, concejal de Girón, mencionó que a pesar de haber perdido rotundamente en las urnas hay cierta preocupación porque la compañía mantiene sus oficinas y personal en la parroquia San Gerardo otorgando “ayuda” a algunos niños regalándoles tabletas para que puedan conectarse a internet y estudiar. Pero al mismo tiempo rompieron toda relación con el Municipio y dejaron de apoyar proyectos sociales.

Cree que la consulta aprobada para Cuenca es una esperanza para liberar a las fuentes hídricas de una posible contaminación minera, y reitera que no están en contra de esta actividad, pero sí de realizarlas en zonas vulnerables donde se comprometa el agua. (I)