Contra el alcalde del cantón Bolívar, Walter Cevallos, hay denuncias de un presunto peculado en la adquisición de alimentos e insumos de bioseguridad durante la etapa de la pandemia en este cantón del norte de Manabí.

El costo de la inversión cuestionada por tres concejales de dicha localidad se aproxima a los $220 000 para la compra de dos cabinas de desinfección por un monto de $4309,66, insumos de bioseguridad por $22 727,73 y unos 12 700 kits de alimentos por $192 405.

Los denunciantes son los concejales Jaime Moreno, Digno Cano y Juan José Zambrano. A Moreno, por ejemplo, le llama la atención el costo de una cabina de desinfección de $1924 más el impuesto al valor agregado (IVA), puesto que consideró que no valdría más de $700.

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Canecas de cinco galones de hipoclorito a $25. Además, en la denuncia puesta en la Fiscalía General del Estado también se señala que se compraron 12 700 kits de alimentación, a pesar de que en el Registro de la Propiedad del cantón Bolívar existen 12 043 fichas registradas, es decir, 12 043 propiedades.

A los ediles les llama la atención que en las publicaciones realizadas en la cuenta de Facebook del Municipio de Bolívar se indica que se entregaron más de 20 000 raciones.

Estas son parte de las quejas que presentaron los concejales, pero Moreno indicó que dentro de las pericias realizadas se encontraron otras supuestas anomalías.

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“Presumimos sobreprecios, irregularidades en los procesos de contratación, por ejemplo, la señora fiscal (Yanina Villagómez, fiscal de Guayas) manifestó que dentro del expediente y de la investigación que ha realizado ha encontrado que tres cotizaciones, según las versiones de los que emiten, no corresponden ni en la firma ni ellos las han emitido. Entonces, posiblemente se elaboró un estudio de mercado con cotizaciones falsas”, señaló.

El martes anterior Alfredo Pinargote, presidente de la Corte de Justicia de Manabí, decidió dar paso al pedido de la FGE, de iniciar una instrucción fiscal por 90 días y dictaminar medidas cautelares en contra del alcalde Walter Cevallos, que son la prohibición de enajenar bienes y de salir del país y que debe presentarse cada lunes en la oficina de esta autoridad judicial.

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Cevallos, por su parte, dijo que es una persecución política y señaló que cumplirá con cada requisito que le exija la justicia.

Respondió que en la adquisición de las dos cabinas de desinfección el precio (más de $2000) era económico.

“Porque en otros cantones lo han hecho con otros precios y mala calidad, hemos hecho de una buena calidad, no solamente el túnel (de desinfección), se incluyen todas las instalaciones, tanques, electricidad…”, expresó él.

Agregó que sus opositores políticos buscan hacerle daño a su administración con denuncias que él considera que surgen como una persecución de una “mafia organizada”.

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“Lo hacen aquí tres concejales que se han acostumbrado a eso (denuncias). Ahí hay uno reelegido que se acostumbró toda la vida de chantajear a la anterior administración que tuvo 19 años y quiso hacer lo que le dio la gana y ya está denunciado”, manifestó Cevallos.

La Fiscalía investiga las compras hechas en varias ciudades en la pandemia.

Defensa de alcalde dice que hay mentiras y persecución política

Adolfo Castro, abogado del alcalde de Bolívar, Walter Cevallos, estimó que ha sido un proceso apresurado y que hay persecución política, porque ni siquiera existió el reconocimiento del lugar de los hechos donde ha sido el presunto delito. Expuso que ni la fiscal ha podido responder cuál es el perjuicio por el presunto peculado.

“No hay un informe de Contraloría, no hay una pericia contable, no hay una pericia ni siquiera del túnel de que han sacado de Mercado Libre una cotización que ni siquiera lo han comparado con que el túnel que compró la Alcaldía sea igual o de mejor calidad y eso se ve que todo políticamente lo quieren manejar. Nosotros no debemos pedir nada, ellos deben demostrar que hemos incurrido en algún delito, lo cual no lo hemos hecho”, señaló Castro. (I)