Un exhorto para que el presidente Lenin Moreno "ejecute acciones" para dar viabilidad a la constitución de la Comisión de Expertos Internacionales de Combate a la Corrupción en el Ecuador (CEICCE), hicieron este martes tres de los integrantes de este órgano internacional.

Un año y tres meses después de que el mandatario constituyó esta instancia a través del decreto 731 suscrito el 13 de mayo del 2019, la Comisión no ha empezado su labor de apoyo en casos de investigación de "alto impacto" a los organismos de control y de justicia del país.

En esa línea, tres de los cinco expertos, Claudia Escobar, Carlos Hernández y Nicolás Rodríguez (Stacy De la Torre y Vladimir Aras no lo firman) difundieron un comunicado con este exhorto, en el que reclaman incluso, que ellos han "adelantado importantes cantidades económicas" a este proyecto que ahora les adeudan.

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"Le exhortamos (a Lenin Moreno) a ejecutar acciones concretas y suscribir los acuerdos con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que den viabilidad al proyecto de la Comisión Internacional Anticorrupción. Solo así se dará cumplimiento a los compromisos asumidos con el pueblo ecuatoriano", cita la misiva oficial.

Hacen un recuento de lo que ha sido su trajinar para impulsar esta propuesta, que no ha tenido resultados.

Recuerdan que a finales de julio del 2019 se elaboró el estatuto de la Comisión y se lo presentó al gobierno, el mismo que "no contemplaba sustituir la institucionalidad del Estado", pero no se ha aprobado.

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La administración de Moreno, a través de la extinta Secretaría Anticorrupción, asignó $ 1 millón a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) para que empiecen las actividades de la CEICCE.

Después se habían dado "múltiples" reuniones con delegados del gobierno y de las Naciones Unidas para que se apruebe el estatuto; también se había dispuesto a la exSecretaría y a la Cancillería que avancen en los acuerdos con la ONU para darles el respaldo jurídico, y en marzo estaba previsto que viajen al Ecuador, pero la pandemia del COVID-19 suspendió las actividades.

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En mayo, previo al cierre de la Secretaría Anticorrupción, se esperaba que dieran el aval a UNODC para la gestión de los fondos, pero aún no han "resuelto que la Comisión tenga el apoyo económico que se requiere para su funcionamiento".

"Queremos dejar constancia pública que a la presente fecha los comisionados no solo no hemos recibido pago alguno por los servicios profesionales realizados como expertos de la Comisión, sino que además para seguir manteniendo nuestro compromiso asumido en beneficio del pueblo ecuatoriano hemos adelantado importantes cantidades económicas que igualmente se nos adeudan", precisan.

Ahora no disponen de recursos económicos logísticos, tecnológicos y materiales para realizar las distintas actividades; y si bien reconocen que el combate y la prevención de la corrupción "demanda voluntad política", esta debe ser "respaldada por acciones concretas que permitan viabilizar el trabajo". (I)