Mujer ciega y de 73 años irá de la Penitenciaría a hospital, ordena ahora Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil

Llegó a la penitenciaría del Litoral sostenida por una de sus hijas y por un policía, pues es ciega debido a la diabetes que padece y en una audiencia virtual del martes 28 de julio, el juez dispuso que sea trasladada a la cárcel para que cumpla con la pena ejecutoriada en su contra, vigente desde el 2012, por peculado ($ 479,89 que faltaban en la caja de un hospital).

María Eulalia Sanipatín Estrella, de 73 años, llegó así a la penitenciaría, donde -según sus hijas- no la querían recibir por su estado de salud.

Su caso se hizo público el miércoles 29, tras ser detenida (de forma imprevista) el lunes 27 en un operativo de rutina, cuando ella regresaba de comprar sus pañales en un taxi informal.

Su historia, publicada en este Diario, se hizo viral y desató en redes sociales las quejas por su traslado a la penitenciaría, pese a su ceguera, a su edad y a su estado de salud. Usuarios incluso compararon casos actuales de corrupción en Ecuador, donde los involucrados (en mejores condiciones de salud y de edades mucho más jóvenes) aún están en libertad o han tenido medidas sustitutivas a la prisión.

Y este jueves 30 de julio, luego de las quejas de usuarios de redes sociales, el Tribunal de Garantías Penales, con sede en Guayaquil, resolvió, tras "una revisión minuciosa del proceso", disponer, mediante oficio, que la adulta mayor sentenciada sea primero llevada a un hospital de Guayaquil.

A su vez, dicho Tribunal se inhibió de esta causa y dejó en manos de un juez de Garantías Penitenciarias la decisión sobre la situación jurídica de María Eulalia Sanipatín para que cumpla con su pena.

"Y que luego de dicho traslado (al hospital) en 48 horas se sirva informar el lugar del mismo, donde deberá permanecer la persona sentenciada hasta que por parte del Ministerio del Interior se informe al Tribunal el centro de régimen especial para el cumplimiento de medidas privativas de libertad para el caso de condena privativa de libertad, como centro adecuado para el efecto, para personas adultas mayores en riesgo; para lo cual ofíciese al Ministerio de Gobierno de Ecuador para que se nos provea de dicha información y una vez de lo cual se disponga por parte de este Tribunal su ingreso a dicho centro carcelario de condición especial", dice parte de la actuación judicial (inhibición) de la mañana de este jueves, a las 10:30.

Y esta prosigue: "Una vez ejecutoriado este auto, en el día en que se ejecutoríe remítase todas las actuaciones al juez de Garantías Penitenciarias para que vigile el fiel cumplimiento de lo dispuesto y se pronuncie sobre la situación jurídica de cumplimiento de las medidas ordenadas para su internamiento", se expone.

En la audiencia del martes 28 de julio (que recayó por sorteo), donde se legaliza la detención de María Eulalia y se gira la boleta de encarcelación y el oficio para su traslado a la penitenciaría, actuaron los jueces Edwin Logroño (el ponente), Segundo Mina Sifuentes y Dora Vargas (los otros dos integrantes del Tribunal).

El miércoles, las hijas de María Eulalia estaban preocupadas porque no habían podido ingresar a la cárcel las medicinas que toma la adulta mayor y esperaban un recurso de habeas corpus que esta tarde, a las 15:00, interpuso Hernán Ulloa, quien conoció del caso y se ofreció a ayudarlas.

Hasta pasado el mediodía de este jueves, las hijas aún no podían ver a su madre y desconocían esta última resolución del Tribunal de Garantías Penales de Guayaquil. Lo que sí les permitieron hacer fue ingresar la medicina que debía tomar María Eulalia.

Ellas contaron que su madre nunca supo que este caso (del 2001) se habría reactivado años atrás y que había sido declarada culpable. Todo este tiempo habían conocido que su progenitora fue inocente.

El caso de María Eulalia se remonta a octubre del 2001 cuando cuatro cajeros del hospital Francisco de Ycaza Bustamante fueron acusados por el faltante de dinero en distintos días. Dos de ellos devolvieron aquel valor, consta en el proceso judicial.

Mientras, a María y a otro cajero les siguieron también una acusación particular por parte del director de aquel entonces de ese hospital. (I)