La jefa del Secretariado de Convenio Marco de la OMS (Organización Mundial de Salud) para el Control del Tabaco (CMCT), Adriana blanco, advirtió a la Comisión legislativa de Justicia de supuestas presiones de la industria tabacalera para obtener indemnizaciones y eliminar el impuesto al tabaco, establecido como una política de salud pública.

“La industria tabacalera pese a ser legal, no es igual que otras industrias legales, primero porque su producto mata a la mitad de quienes lo consumen; y porque su historia conocida a través de documentos secretos divulgados en juicios realizados en Estados Unidos, demuestran que ha operado con intención de engaño y de defraudar a los países y a los consumidores. En situaciones catastróficas como las que vivimos hoy (pandemia de coronavirus), la industria busca acercarse a los países bajo lo que pretende llamar medidas de responsabilidad social corporativas, que no son más que formas de publicidad o de marketing que realizan para después traer condicionamientos cuando se intentan medidas de control de tabaco”, dijo la funcionaria vía telemática en una de las sesiones de la mencionada Comisión.

Ahí se analiza el Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías, propuesto por el asambleísta Héctor Muñoz (Pichincha, SUMA), y que está en revisión para pasar al primer debate en el pleno legislativo.

Las empresas Tabsa, Tanasa y Proesa, afiliadas a Philip Morris International (PMI), propusieron a la Comisión que en la normativa se establezca una compensación para las tabacaleras por el supuesto perjuicio que les produce el contrabando, según reportó aDiarioCR.

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En una carta, firmada por el gerente general de las filiales de PMI, Mauricio Sáenz, se propuso el siguiente texto: “Con el objetivo de atacar y reducir el contrabando en los sectores más impactados en el Ecuador, mediante petición fundamentada del Comité Interinstitucional o cualquiera de los Ministerios de Finanzas o Producción, mediante Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República podrá disponer la emisión de Bonos Tributarios en favor de las empresas nacionales que hayan sido altamente afectadas por el contrabando”.

Esos bonos, de acuerdo a la sugerencia, se usarían "para el pago de cualquiera de los impuestos regulados por la Ley de Régimen Tributario Interno, sean propios, percibidos o retenidos”.

Incluso, se prevé que se elimine el impuesto que grava al tabaco. También se pretende la conformación de un Comité Interinstitucional con representantes del sector privado invitados.

El problema radica, según la médica uruguaya Blanco Marquizo, en que la industria regulada sea parte en la elaboración de esas propias normativas. “La industria no debe colaborar con el desarrollo y la aplicación de las leyes, porque es un sujeto regulado que no debe compartir con el regulador, el Estado, la forma en que es regulada. Sí puede discutir los elementos prácticos de la regulación, pero el qué de la regulación es materia del gobierno solamente. No es el regulado quien debe opinar porque obviamente hay un conflicto de interés”, comentó.

Marquizo recordó en la publicación que Ecuador, como miembro del CMCT, ratificó el Protocolo contra el Comercio Ilícito de productos de tabaco, que ya establece medidas para combatir el contrabando. Por eso cree que se debe fortalecer controles y mantener el Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación y Rastreo (Simar). (I)