Entre el 5 de mayo de 2019 que fueron detenidas dentro de lo que se conocía como caso Arroz Verde, y el 6 de noviembre de ese mismo año que se les cambió la prisión preventiva por la presentación periódica, Pamela Martínez y Laura Terán, exasesora y exasistente de Presidencia, respectivamente, pasaron seis meses que deben ser descontados de las penas que les fueron impuestas dentro del caso que terminó llamándose Sobornos 2012-2016.

El pasado abril, Martínez y Terán recibieron penas reducidas en un 40 % por el delito de cohecho agravado. Ser ambas cooperadoras eficaces fue la razón para la reducción resuelta por un Tribunal de Juicio de la Corte Nacional de Justicia (CNJ).

La primera fue calificada de coautora y el Tribunal de Juzgamiento le definió una pena de ocho años inicialmente, al igual que a otros seis exfuncionarios del correismo como Alexis Mera o Vinicio Alvarado. Pero el haber entregado información que ayudó a Fiscalía con su teoría, la condena de primer nivel fue de 38 meses y doce días de cárcel.

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La participación de Terán en el caso fue definida como de cómplice y la pena se limitó a 19 meses y seis días de reclusión. Su exjefa Martínez en su testimonio anticipado le pidió disculpas a la familia y a la misma Terán por la afectación que le causó por ser su asistente y aseguró que lo que ella hizo fue materializar una instrucción que le dio.

Si se les descuenta el tiempo el tiempo que permanecieron detenidas a la exasesora de Rafael Correa le quedaría 32 meses y doce días de cárcel, mientras que a Terán, exasistente de Martínez en la Presidencia de la República y la Corte Constitucional, le restaría cumplir una pena de 13 meses y seis días de prisión.

Pese a las reducciones, las defensas de ambas exfuncionarias públicas creen que el Tribunal no valoró correctamente el aporte que dieron a la justicia. Durante la audiencia de juicio la fiscal general Diana Salazar pidió que se les imponga a las dos una pena reducida de hasta el 90 %. La solicitud no fue acogida por el Tribunal en su sentencia.

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Apelar las sentencias para conseguir que se ratifique el estado de inocencia o se de una pena menor es el camino tomado por Luis Muñoz, abogado de Terán, y Adolfo Cadena, defensa de Martínez. Pero antes, en abril pasado, esas defensas intentaron se conceda la suspensión condicional de la pena, pedidos que el Tribunal negó debido a que las penas sin beneficio impuestas excedían los cinco años.

Muñoz apeló la sentencia porque considera que el Tribunal quebrantó el principio de individualización del procesado al tratar a su cliente como un apéndice de Martínez, lo que, dice, es "inaceptable". Él cree que lo único que queda es que se declare inocente a Terán y se la deje de tratar como un apéndice de los "verdaderos accionantes" en este entramado.

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"Toda la información proporcionada por Laura Terán sirvió de sustento para justificar por parte del Tribunal la condena a los funcionarios públicos que intervinieron, no obstante, para el Tribunal la cooperación ha sido casi nula", aclaró.

Él recordó que Terán no solo fue la que más riesgo corrió, sino la que más elementos idóneos proporcionó para encauzar un proceso que "no tenía rumbo". Por ello rechaza se califique la cooperación eficaz de su cliente con un 40 %, similar al porcentaje de Martínez de quien, afirma, solo proporcionó un cuaderno de dudosa procedencia, frente a los más de 12 000 documentos electrónicos que entregó Terán.

En diversas etapas del proceso penal, las defensas de varios de los coprocesados pusieron en duda toda la información entregada como parte de la cooperación.

Se habló de que la misma fue manipulada, de que no se pudo confirmar su veracidad e incluso durante la audiencia de juicio Fausto Jarrín, abogado del expresidente Rafael Correa, pidió que se pericie un dispositivo electrónico en el que dijo estaban los originales de los denominados Archivos Verdes, información que Fiscalía aseguró fueron extraídos de las computadoras de Terán y Martínez.

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Por no estar de acuerdo con la valoración que hizo el Tribunal de Juicio de la información entregada dentro de la cooperación eficaz por Martínez, Cadena dice que acude a la apelación de la sentencia. Según él, existió una incorrecta aplicación de las pruebas proporcionadas, "gracias a las cuales se pudo llegar a la verdad de las cosas".

Cadena explica que no solo sus argumentos de apelación irán a que se haga una valoración total y jurídica de la cooperación y se reduzca la pena impuesta, sino a que se modifique la calidad de coautora definida en la sentencia. Él dice no entender cómo el Tribunal solo da el 40 % de reducción en la pena, si la Fiscalía planteó y no se opuso a que se les dé el máximo del beneficio en reducción.

Luego de varios pedidos de diferimiento de la audiencia de apelación, la cual estaba definida para el viernes pasado, el Tribunal de Apelación, integrado por los jueces David Jacho (ponente), Dilza Muñoz y Wilman Terán, definieron la diligencia para el próximo miércoles 24 de junio a las 09:00 en la CNJ.

Allí se expondrán los elementos con los que definirá el Tribunal si acepta o no las apelaciones interpuestas no solo por Terán y Martínez sino por los 18 sentenciados restantes, entre quienes están los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glas, acusados de autores mediatos, y por la Procuraduría General del Estado, quien fue la acusadora particular.

Tribunal ordenó a Fiscalía investigar contrato de arrendamiento de oficina

El 7 de abril pasado, como parte de la sentencia por el delito de cohecho agravado, el Tribunal de Juzgamiento del caso Sobornos 2012-2016 ordenó que la Fiscalía deberá investigar a quién y cómo se pagaron los cánones de arrendamiento de la oficina 2C y los parqueaderos 44 y 45 del edificio Concorde, en Quito, que son parte del contrato suscrito, entre 2011 y 2013, entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y Manolo Díaz Vega.

La oficina del edificio Concorde fue usada entre 2011 y 2015 como una extensión de la oficina en el edificio La Unión, en el Centro Histórico de Quito, que era manejada por Pamela Martínez, como asesora de la Presidencia de la República, y en la que laboraba Laura Terán como asistente de Martínez.

Según el expediente del caso, a la oficina del edificio Concorde, ubicada en la avenida 12 de Octubre y Francisco Salazar, llegaron varios de los procesados, testigos del caso e incluso funcionarios de la empresa Odebrecht para entregar sobres. El inmueble era la base para que se entregaran los sobornos, se señala en el documento de sentencia. En el proceso se presentó documentación que tiene relación con el arrendamiento de la oficina en el edificio Concorde que corresponde al contrato de arrendamiento entre Celec, representada en ese momento por Marcelo Vicuña Izquierdo, y Manolo Díaz Vega en calidad de arrendador. El contrato inició el 1 de agosto de 2011 y el canon mensual se estableció en $1400, sin IVA

En una pericia ordenada por Fiscalía se establece que Celec pagó por el arriendo de la oficina del edificio Concorde, utilizada por Martínez y Terán "para hacer base de operaciones y realizar las entregas de dinero a algunas personas que concurrían a la misma", $30 452,80, los cuales serían fondos del Estado. (I)