Menos de 50 minutos duró ayer la primera jornada de la etapa de juzgamiento contra Pablo Romero, exsecretario nacional de Inteligencia (Senain), a quien se le acusa de ser uno de los cuatro autores del plagio que sufrió en 2012 en Bogotá, Colombia, el activista político Fernando Balda.

La audiencia se instaló minutos después de las 08:30 y el primer pedido que se dio fue el de Felipe Rodríguez. Él a nombre de Balda, su defendido, solicitaba que se instale la diligencia y que luego se suspenda para que su cliente pueda viajar a Guayaquil al sepelio de su madre, la cual falleció la tarde del domingo último.

Iván León, el presidente del Tribunal, una vez instalada la audiencia dio paso a los alegatos de apertura de las partes: el fiscal general subrogante, Wilson Tainga, por parte de Fiscalía; Rodríguez y Balda como acusadores particulares; y Stalin Oviedo y Fausto Jarrín, quien es defensa del expresidente Rafael Correa en el caso Sobornos 2012-2016, como abogados de Romero, quien participó de la audiencia mediante videoconferencia desde el Centro de Privación Provisional de Libertad (CPPL) de El Inca, en Quito.

La Fiscalía y la acusación particular anunciaron probarán que Romero fue quien ordenó, por disposición del entonces presidente Correa, el secuestro de Balda y que además se usaron recursos públicos para el mismo. Oviedo, aunque su cliente anunció que se acogerá a su derecho al silencio, aseguró que demostrará que los elementos del tipo penal para la imputación de plagio no se cumplen.

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Toainga aseguró que Fiscalía tiene los indicios suficientes para demostrar que el delito se perpetró en agosto de 2012 en Colombia, que en su ejecución se usaron recursos públicos de la cuenta de gastos especiales de la entonces Senain y que el delito fue coordinado desde Ecuador por Romero, a pedido de Rafael Correa.

"La acusación contra Pablo Romero tiene solidez absoluta", sostiene Rodríguez, quien cree que no le favorecerá de mucho al exlíder de la Senain acogerse al silencio. La defensa de Balda califica a Romero como el autor intelectual del plagio, junto a Correa, y por ello adelantaron que solicitarán la pena máxima en este caso.

El delito de plagio tipificado en el artículo 188 del Código Penal anterior, hoy calificado como secuestro en el Código Orgánico Integral Penal, artículo 161, prevé una pena de reclusión menor ordinaria de seis a nueve años, si en el caso la víctima sufrió malos tratos.

Oviedo dice que en el proceso existirán testimonios importantes como la de la fiscal de Bogotá que participó en el caso en Colombia o el testimonio del médico legista que le habría hecho a Fernando Balda un examen en el que se demostraría que él sufrió "unas lesiones, más no malos tratos".

Ante la acusación de que el secuestro fue en Colombia, pero que el mismo fue planificado, la logística organizada y además financiado con recursos públicos de la Senain desde el Ecuador, Oviedo responde que en el tema procesal de la investigación la desclasificación de la información no se hizo de acuerdo a la Ley de Seguridad Nacional y hay un trastoque de la pericia.

El Tribunal ordenó que la audiencia de juzgamiento se reinstale el próximo jueves 11 de junio a las 08:30 en la CNJ. (I)