Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks realizaron por segundo año consecutivo la edición del índice de la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), en el que evalúan la capacidad de quince países latinoamericanos para descubrir, castigar y prevenir la corrupción.

El índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción mediante 14 variables claves, como “la independencia de instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos para combatir la delincuencia de cuello blanco”, dice el informe.

Este año el país con el mayor puntaje en el índice es Uruguay, añadido por primera vez este año, con 7,78 de 10, lo que significa que es la nación que más posibilidades tiene de descubrir, castigar y prevenir la corrupción; le sigue Chile con 6,57; y Costa Rica con 6,43.

En el cuarto lugar está Brasil con 5;52; Perú el quinto con 5,47; seguido de Argentina con 5,32; y de Colombia (5,18). México ocupa el octavo lugar con 4,55 y Ecuador, que también fue incluido por primera vez este año, ocupa el noveno lugar con una calificación de 4,19.

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En décimo lugar está Panamá con 4,17, seguido de Guatemala con 4,04 y de Paraguay con 3,88. República Dominicana ocupa el décimo tercer puesto con 3.26, le sigue Bolivia con 2.71 y Venezuela en el último lugar con 1.52.

“Uruguay tiene puntajes más altos en las tres subcategorías que medimos: Capacidad Legal, Democracia e Instituciones Políticas, y Sociedad Civil, Medios de Comunicación y el Sector Privado. Este sólido desempeño coloca a Uruguay en el primer lugar”, dice a este Diario Roberto Simon, Senior Director of Policy de AS/COA.
En el informe, se destaca que Perú es el caso más positivo de todo el índice CCC 2020 y que tenido amplias mejoras en la capacidad Legal y la democracia e Instituciones Políticas.

“Perú ha tenido éxito en impulsar las reformas judiciales, creando organismos de aplicación más fuertes y reduciendo la tolerancia de los votantes a la corrupción... sin embargo, todavía se enfrenta a retos críticos en áreas de financiamiento de campañas, el sistema de partidos y las relaciones entre los poderes ejecutivo y legislativo”, refiere Simon.

Sin embargo, los expertos a cargo del informe dicen que el índice CCC 2020 “presenta una imagen preocupante de América Latina” y que con pocas excepciones, “la lucha regional anti-corrupción que comenzó alrededor del 2015 ha perdido fuerza y está retrocediendo”.

En el informe las organizaciones apuntan a que el retroceso en los últimos meses está vinculado a la pandemia de COVID-19 que “está creando nuevas oportunidades para cometer actos de corrupción y de administrar fondos públicos de manera fraudulenta”.

Las organizaciones dicen que Brasil está demostrando credenciales anti-corrupción relativamente sólidas, pero que “exhibe una de las trayectorias más preocupantes con una baja de un 10% en su puntaje total, debido a una caída en su Capacidad Legal.

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En países como México, Argentina y Colombia, el estudio refiere que sus mecanismos "están estancados" desde el año pasado y que en el caso de Chile, que enfrentó su peor crisis política en décadas, el Índice CCC 2020 revela que no hubo impacto en su habilidad para combatir la corrupción.

"Chile ha pasado por una crisis política sin precedentes y probablemente pronto comenzará el proceso de redacción de una nueva constitución. Sin embargo, esta turbulencia no ha afectado significativamente el resultado de Chile - al menos por ahora. Una nueva constitución podría representar una oportunidad para que Chile aborde los problemas de confianza en el gobierno, pero también para aumentar la transparencia en las Fuerzas Armadas -donde han surgido varios escándalos de corrupción en los últimos años- y las relaciones entre el dinero y la política. Si Chile no logra un cambio positivo a través de una nueva constitución, los problemas de confianza en el gobierno y en la democracia podrían socavar la lucha contra la corrupción a largo plazo", dice Simon.

Simon dice que en el caso de Ecuador, “se ha visto progresos en áreas críticas” como el enjuiciamiento del Caso Sobornos, que “es un buen ejemplo de cómo el país está mejorando su capacidad para luchar contra la corrupción”.

Claudia Navas, analista de Control Risks, dice que Ecuador sigue enfrentando obstáculos y que entre los elementos clave para elevar su índice debe “fortalecer la rama judicial, la capacidad de jueces y fiscales para investigar y sancionar a corruptos”.

"También hay que aumentar las sanciones a los corruptos, incluyendo la extinción de dominio de sus bienes la cual ha sido una iniciativa del Ejecutivo que ha enfrentado fuerte oposición o de voluntad política en la Asamblea Nacional. Finalmente, el riesgo de interferencia política es la rama judicial es aún latente. Por lo cual se requieren reformas más profundas que aseguren el equilibrio de poderes y fortalecer la cultura política y ética de los funcionarios públicos y la ciudadanía en general", apunta Navas.

Sanciones a los delitos de corrupción son de varios tipos

Geert Aalbers, ejecutivo de Control Risks, dice que el tipo de sanciones aplicables a las empresas e instituciones que se involucran en actos de corrupción varían ampliamente en todos los países de la región y pueden ser de naturaleza administrativa, penal o civil.

Las comunes son las multas, la suspensión de la posibilidad de participar en licitaciones públicas y la prohibición de ejecutar contratos públicos. Para los funcionarios públicos involucrados las sanciones incluyen destitución del cargo y prisión. (I)