El expresidente de la República Abdalá Bucaram fue aprehendido en medio de una investigación que sigue la Fiscalía por casos de corrupción y sobreprecios en la compra de insumos médicos en hospitales del Seguro Social.

En paralelo a la detención de Bucaram, tras una docena de allanamientos en Guayaquil y Daule, se aprehendió también al exdirector del Teodoro Maldonado Carbo Luis Jairala, a seis funcionarios de esa casa de salud y a varios supuestos proveedores.

Pese a que en la vivienda de Bucaram se hallaron cajas con miles de insumos y pruebas COVID-19, solo se lo procesó por tenencia ilegal de armas, pues además se encontró una pistola sin permiso.

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Horas después salió con arresto domiciliario y todos, incluso la fiscal general, Diana Salazar, quedaron a la espera de la audiencia de flagrancia por los insumos, pues después del allanamiento, ella aclaró en rueda de prensa que Bucaram había sido llevado a Flagrancia por las cajas de productos que lo vincularían a la investigación por corrupción, pero eso hasta el jueves no pasó.

Salazar dijo en una entrevista con Ecuavisa que por el arma debe responder ante la justicia y que “las mercancías encontradas en su casa son parte de otra investigación por delincuencia organizada a la que también va a tener que responder él (Bucaram) y todas las personas que conforman esta estructura criminal”.

Al igual que al expresidente, el exdirector del hospital tampoco fue llevado a audiencia, pese a ser detenido por formar parte de esta presunta red de corrupción, que sí derivó en dos audiencias a las que fueron sometidos los otros seis funcionarios de menor rango.

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En la primera diligencia por el delito de peculado, el fiscal Walter Suárez presentó los partes de aprehensión y documentos de contratación pública y contable por un supuesto perjuicio económico de aproximadamente 3 millones de dólares al Hospital Teodoro Maldonado Carbo del IESS, por compras de insumos médicos.

También se habrían presentado el informe de indicios de responsabilidad penal emitido por la Contraloría General del Estado, certificados laborales de que los procesados trabajan en el hospital del Seguro Social y copias certificadas de convenios de pagos recaudados.

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Suárez solicitó la prisión preventiva para todos, sin embargo, el juez Fernando Vergara dictó esa medida contra cuatro de los seis funcionarios, identificados como Xavier S. J., Víctor David C. V., Hugo César V. F. y Rosa Cecibel G. L..

Ellos fueron llevados a la Penitenciaría, mientras que los señalados Katherine C. y Enrique A. M. recibieron arresto domiciliario. La instrucción fiscal durará noventa días.

En el otro proceso se investiga el delito de delincuencia organizada. A esta audiencia se sometió a dos de los funcionarios y a tres supuestos proveedores que serían parte de la estructura. A este proceso se espera que sea vinculado Bucaram en los próximos días.

El juez Gustavo Guerra dictó prisión preventiva contra José Luis C. V., Francisco Xavier S. J. y Hugo César V. F.

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A José Euclides B. P. y a Alexandra P. O. les dictaron arresto domiciliario.

Los insumos hallados en la vivienda de Abdalá Bucaram, según la fiscal Salazar, coincidirían con los ítems investigados en el hospital del IESS. En la casa del expresidente se hallaron también documentos de esa casa de salud y un sello con el nombre del hospital.

La fiscal provincial del Guayas, Yanina Villagómez, sostuvo que se investiga un perjuicio total al Estado de unos 12 millones de dólares. (I)