La fiscal general, Diana Salazar, aseguró ayer que ya respondió a las autoridades suizas sobre el caso denominado INA Papers, y que se refiere a empresas en paraísos fiscales de supuesta propiedad de la familia del presidente de la República, Lenín Moreno.

Salazar indicó que de acuerdo con la legislación ecuatoriana, no es necesario que la Asamblea Nacional levante la inmunidad del presidente de la República para iniciar una investigación fiscal y que esa fue la respuesta que envió a Suiza. “Por eso estamos avanzando nuestras investigaciones de manera objetiva e imparcial”, agregó la fiscal.

En un conversatorio presencial con medios de comunicación, realizado en el auditorio de la Fiscalía en Quito, Salazar se refirió también al caso Seguros Sucre y a la investigación que se lleva adelante en Estados Unidos por lavado de activos y prácticas de corrupción contra su expresidente Juan Ribas Domenech.

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En Ecuador hemos abierto un caso por lavado de activos y las investigaciones se han encaminado en ese sentido, indicó. El operativo y detención de dos personas en Guayaquil –José Romo-Rosales Castillo, exgerente de Sucre, y su esposa– son parte de este proceso, en el que se ha compartido información con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La justicia estadounidense investiga supuestos sobornos pagados entre 2014 y 2015 por contratos de reaseguros adjudicados por Sucre.

El monto superaría los $6,5 millones y al menos $1 millón se depositaron en cuentas de Ribas Domenech y sus familiares en Estados Unidos, en tanto que otra parte se entregó en efectivo y en inversiones, lo que sumarían unos $3,6 millones.

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También existen pagos realizados en Suiza y Panamá.

Salazar además anunció ayer la conformación de una fuerza de tarea para investigar los 45 casos que se han iniciado por presuntas irregularidades en las contrataciones públicas durante la emergencia derivada del COVID-19.

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Sin embargo, aclaró que dentro de esos 45 casos no se incluye la investigación sobre el Hospital de Pedernales en la que se detuvo al asesor del legislador Daniel Mendoza, Jean Carlos Benavides. Los operativos realizados no tienen que ver con la emergencia, ese es un caso que ya se venía investigando desde mucho antes, precisó la fiscal.

En esta investigación fiscal se detuvo a nueve personas el 14 de mayo pasado, entre las que constan Benavides y otros servidores municipales.

La información oficial de la Fiscalía da cuenta de que se trata de una presunta red de corrupción vinculada a contratos de obra pública en Manabí, que estarían involucrados con delitos como asociación ilícita, tenencia y porte de armas de fuego, cohecho, enriquecimiento ilícito. En el operativo se recuperaron 4 armas de fuego, 1 chaleco antibalas, 36 cartuchos 9 mm, 3 vehículos, $662 191,70 en efectivo, $1 039 529,01 en cheques, 14 unidades móviles, 3 CPU, 4 computadoras portátiles y documentos vinculantes.

Entidad eliminada

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La fiscal Diana Salazar no quiso comentar sobre la desaparición de la Secretaría Anticorrupción adjunta a la Presidencia de la República y sobre la que envió una carta a Moreno quejándose de interferencias de ese ente en la labor de la Fiscalía.

“Es una entidad que ya ha sido eliminada, considero que no hace falta emitir otro comentario”, sostuvo.

Ella había expresado en su carta que las investigaciones por actos de corrupción en las compras públicas durante el estado de excepción “se han visto afectadas por la información o requerimientos que se efectúan desde la Secretaría Anticorrupción a los fiscales que se encuentran a cargo”. Y que se afectaba el trabajo “por la información que se publica diariamente en redes sociales, sin ser sujeto procesal”.

Ayer defendió la labor que realiza frente a la Fiscalía, dijo que actúa de acuerdo con la Constitución y quien tiene la facultad de fiscalizar a esta institución es la Asamblea Nacional y no el Consejo de Participación Ciudadana.