El director de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para América Latina y el Caribe, Vinicius Carvalho Pinheiro, habla de los desafíos de la región ante el impacto de la crisis por la pandemia del COVID-19 en los mercados laborales. Un último informe mundial del organismo dice que los más afectados serán los jóvenes.

Pregunta: ¿Cuál es la situación del desempleo en la región? Antes de la pandemia se hablaba de 25 millones de desempleados.

Respuesta: El empleo en todo el mundo enfrenta una crisis sin precedentes. La prioridad en este momento es la superación de la crisis sanitaria. Eso implica tomar las medidas de emergencia para apoyar a los trabajadores y a las empresas... Los últimos datos recogidos por OIT indican que, en el caso de América Latina y el Caribe, la crisis de COVID-19 causa la pérdida de 10,3 % de las horas de trabajo, lo que equivale a 31 millones de empleos a tiempo completo. Este no es un indicador de desempleo, pero permite apreciar la magnitud del impacto. El último informe Cepal-OIT contiene estimaciones según las cuales la tasa de desempleo podría subir por encima de 11 %. A fines del año 2019 cerró en 8,1 %. Esta crisis encontró a la región en un momento de fragilidad, tras años de desaceleración... Antes del COVID-19 ya teníamos más de 25 millones de desempleados. Y este número se está incrementando en forma importante.

P: ¿Qué sugiere la OIT a Gobiernos y empresas para evitar la destrucción de más empleos?

R: El mensaje de la OIT es que la prioridad es la intervención inmediata, es decir, las medidas que se adopten para apoyar con urgencia a las personas, a los trabajadores y a las empresas que generan los empleos. Cuando esté superada la emergencia, aún será necesario hacer frente a una crisis económica con fuertes repercusiones sociales y laborales, un escenario en el cual los países de la región van a necesitar de medidas ambiciosas de preservación de los empleos, fomento a las empresas y protección a los ingresos. La OIT ha planteado que las medidas adoptadas por los países deben apoyarse en cuatro pilares: apoyar a las empresas, al empleo y los ingresos; estimular la economía y los empleos; proteger a los trabajadores en el lugar de trabajo; y el diálogo entre gobiernos, trabajadores y empleadores.

P: ¿Qué opciones hay para aquellos que están en la informalidad y que no pueden trabajar por el confinamiento?

R: Las últimas estimaciones de OIT dicen que antes de esta crisis la tasa de informalidad era de 54 % de los ocupados. Es decir, 158 millones de personas. En medio de la emergencia sanitaria, no hay otra opción que hacer lo posible por apoyar a las personas sin ingresos y sin reservas. En muchos países lo están haciendo con bonos especiales, con entrega de alimentos. Es difícil, pero en una situación como esta ese tipo de transferencias de recursos es la única manera de apoyarlos para que puedan cumplir con medidas como el aislamiento. Luego será necesario examinar la forma en que reconstruimos nuestros mercados laborales.

P: El virus evidenció la fragilidad de los sistemas de protección social. ¿Cómo fortalecerlos?

R: Para enfrentar los déficits de protección social será necesario recurrir a estrategias que estimulen el crecimiento de los regímenes contributivos y los no contributivos, que constituyen un desafío importante, pues deben ser financiados y eso implicaría reorientar las prioridades del gasto público y movilizar fondos de cooperación internacional. La falta de seguros contra el desempleo, la inseguridad sanitaria, la pérdida de ingresos de quienes se enferman suponen un alto costo para las sociedades y serán un lastre para la recuperación. Pero la protección social es también una inversión. En medio de la crisis han resurgido propuestas de fomentar un ingreso universal, como la que hizo Cepal este mes. Desde hace ya algunos años, la OIT ha liderado una propuesta de generar un piso básico de protección social para todos, que es una manera de establecer la protección social universal. (I)