Hace 47 días la situación laboral en el Ecuador era distinta. Algunos trabajadores iniciaban su jornada antes de que aparezca el sol y otros culminaban al caer la noche.

El apuro por llegar a casa y evitar el tráfico marcaba la rutina. Hoy ese ajetreo no está.

El comercio formal e informal también fluía en las avenidas principales de Guayaquil, como en la 9 de Octubre.
Los negocios de comida rápida, almacenes de venta de electrodomésticos o de vestimenta se hacían notar.

“Venga, señorita, pase y vea nuestros productos, tenemos promoción de 2x1”, era una de las consignas que se solía escuchar de los trabajadores que por micrófono convencían al usuario de ingresar al local. Su voz se mezclaba con la música.

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Hoy, en el Día del Trabajo, ese panorama es de silencio en el país. Ya no habrá la tradicional marcha que se apostaba en las calles Lorenzo de Garaycoa y 9 de Octubre, al pie del parque Centenario.

El año anterior la consigna era respetar el empleo y hoy se prevé “un cacerolazo” desde las casas y barrios en contra del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario que se debate en la Asamblea. Y pequeñas concentraciones.

La pandemia de la COVID-19 no solo deja dolor en las familias ecuatorianas por la muerte de sus seres amados, sino también negocios a pérdida y por ende despidos, sueldos suspendidos o reducidos.

La pandemia lo que ha hecho es desnudar algo que estábamos viviendo, una escasez y falta de liquidez. Ahora las empresas se ven obligadas a terminar su contrato para tratar de sobrevivir”. Lenin Duque, experto en derecho laboral

Hace un mes empezaron los recortes de personal en varias empresas. Y en esta semana ha sido más notoria la finalización de contratos. Por ejemplo, trabajadores de Panadería California hicieron pública en redes sociales la salida de 150 personas.

Un grupo de ellos protestó afuera del local, en el centro de Guayaquil. “Nos quieren hacer firmar una renuncia voluntaria o un despido intempestivo, ni siquiera nos presentan un acta de finiquito para saber cuáles son nuestros valores”, decía uno de ellos.

Los trabajadores de Yogurt Persa también expresaron su malestar en redes sociales. Una de ellas dijo que se pretende dar una liquidación de $500 a quienes llevan laborando más de cinco años, y mostró un documento en el que la compañía se acogía al numeral 6 del artículo 169 del Código de Trabajo sobre terminación de contrato alegando fuerza mayor.

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Según el Ministerio del Trabajo, hasta el 17 de abril había recibido 1993 denuncias alegando uso del artículo 169, numeral 6, y solo en los nueve días siguientes hubo 633 nuevas denuncias de este tipo (al 26 de abril suman 2626 casos de fuerza mayor). Y 5638 denuncias por despido intempestivo, acoso laboral, no pago de liquidación y jubilación, entre otros motivos.

Se ha desencadenado una ola de despidos que han decidido dar por terminada la relación laboral. (En algunos casos) tienen muchos años laborando y quieren reconocerles $100, $200”. María Fabre, abogada en derecho constitucional

Desde el 16 de marzo que comenzó la cuarentena, Lenin Duque, experto en derecho laboral, ha recibido 350 demandas por esta figura de terminación de contrato individual. Él patrocina a algunos colaboradores de Panadería California y afirma que prepara una demanda.

La abogada laboral Vannessa Velásquez en 47 días de cuarentena ha conocido de 480 despidos de la compañía minera Green Valley Resources S. A., de la cual patrocina a 107 trabajadores. Dos despidos en la empresa textil Casa Linda y 60 en Royal Flowers. En este último patrocina a 35 empleados.

Señala que la mayoría de consultas son por terminación de fuerza mayor y muy poco por despidos intempestivos.

El Ministerio del Trabajo tiene registradas “mas no aprobadas” 49 733 actas de finiquito de contratos por distintos motivos contemplados en la ley.

Para la abogada en derecho constitucional María Auxiliadora Fabre, es ilegal que el Ministerio del Trabajo apruebe un despido intempestivo o terminación por caso fortuito. Dice que la decisión es de un juez.

“Eso le correspondería a un juez. Sin embargo, me imagino que ellos lo que han de aprobar es cuando envían el acta de finiquito, los valores de la liquidación con base en lo que se apegue a la ley (...) de acuerdo al caso, a la situación, si corresponde o no la liquidación que les envía el empleador”.

Las 49 733 actas de finiquito evidencian que vamos a llegar a las cifras de las que se habla, de 508 000 que deberán acceder al subsidio de desempleo. Eso es para despido intempestivo”. Vannessa Velásquez, abogada laboral

En tanto que para Duque, la cifra es por una sola causal: “Solo es en el caso de fuerza mayor que piden revisar primero las actas (en el Sistema Único de Trabajadores-SUT) para luego aprobarlas, significa que de las 49 733 actas de finiquito que se han hecho, todas son por fuerza mayor, o sea, todos los empresarios están aplicando esta ley porque si fuera por otro motivo no tiene por qué aprobarla”.

Sin embargo, para Velásquez la “aprobación” puede ser por varias causas. Ella explica que hace poco en el SUT estaba la opción de revisar actas y ahora sin la herramienta considera que es difícil determinar si son o no actas por fuerza mayor.

“Si soy notificada con fuerza mayor y firmo el acta de finiquito, no es que el proceso termina ahí, ese finiquito puede ser impugnado frente a un juez y es deber del ministerio revisar las actas de finiquito (...). Al poner la opción de actas por revisar quisieron en algo subsanar este error en derecho que se viene arrastrando hace algún tiempo, puesto que es obligación del inspector del Trabajo verificar actas y eso ya no ocurre por la implementación de la plataforma SUT”, expresa.

El Gobierno proyecta que 508 000 personas podrían entrar al desempleo como efecto de la COVID-19, esto sería un alza de la tasa del 9 % al 10 %. Ese indicador oficial está retrasado por la crisis sanitaria. (I)