Lorena Naranjo, titular de la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos (Dinardap), asegura que el uso de datos personales para intereses específicos no es justificable por más que la información se haya obtenido en medio del contexto de emergencia sanitaria por el coronavirus.

En aplicaciones chinas se puede conocer casi en tiempo real dónde están los infectados con COVID-19. ¿En Ecuador esto se podría replicar?

El uso de tecnología para combatir el coronavirus tiene que potencializarse, pero también presenta dificultades. En este momento está justificado que el Estado recopile información y la use para tomar decisiones sobre cómo enfrentará esta problemática. El almacenamiento masivo de datos biométricos y de geolocalización en el que se atribuye la condición de tener o no COVID-19 es valioso cuando la información es usada por personal de salud. Esto solo se puede hacer en el país por el estado de excepción vigente entregando solo a las autoridades que garantizan atención óptima, pero hay críticas porque puede llegar a manos de personas que no la utilizan de forma adecuada. Allí aparece el derecho de la protección de datos personales. En Oriente hay regímenes mucho más controladores que están completamente alejados de nuestras sistemas democráticos y de libertades.

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¿Cómo proteger los datos personales en tiempos de buscar servicios digitales?

Hay que tener cuidado con las apps que pueden venir con virus digitales que infectan a los teléfonos y producen daños, por eso una recomendación esencial es no aceptar aplicaciones cuya procedencia no está clara. Uno no percibe con tanto riesgo porque no hay la conciencia del valor del dato personal. Pero es un problema cuando, por ejemplo, ese antecedente determina riesgos de salud de un cliente en el análisis que hace una aseguradora, esa asignación es discriminatoria y cuestionable porque se puede usar para no dar acceso a un servicio privado, a una beca, a un trabajo o negar un crédito. Los datos de salud deben estar protegidos hasta con sigilo médico porque la divulgación puede ocasionar daños irreparables.

¿Qué otras repercusiones pueden darse?

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Por más que una información sea útil siempre tengo que pensar primero en las libertades individuales y en los derechos fundamentales de cada persona, porque la potencialidad de dañar en otras esferas del ejercicio de sus derechos no puede limitarse por el exacerbado control del Estado. No puede haber un uso inadecuado de esos datos que repercuta en la manipulación de mis decisiones como ser independiente.

¿Qué herramientas hay en Ecuador para denunciar posibles abusos en la difusión de nuestros datos?

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No hay que creer que la solución es aislarnos y no entregar información. El problema está en los usos inadecuados. Los ciudadanos no tienen la capacidad económica ni el conocimiento para controlar de los que usan los datos, es el Estado a través de órganos de control los llamados a realizar esta vigilancia, de poner sanciones. Esto se va a potenciar en el mundo tras la pandemia. En Ecuador hay una tarea pendiente, la Ley de Protección de Datos Personales que esperamos que la Asamblea despache lo más pronto posible.

¿Cuál es la opción para reclamos ante un servicio digital que no es óptimo?

Ahora más que nunca estamos confiando en la entrega de información, se ha dado un salto en el proceso de digitalización como país, entonces es indispensable que una institución vele y cuide a la ciudadanía en el entorno digital. Los datos de salud en manos equivocadas pueden ser objeto de discriminación. A nivel individual nos tocaría establecer un habeas data (acción que permite obtener la información existente sobre su persona) con la ayuda de un abogado. Con el proyecto de ley se puede obligar a que los sitios web tengan los mecanismos de reclamo funcionando de forma óptima.

En ciertos países se ha naturalizado la intromisión, pero no es lo correcto por más que se justifique en esta emergencia, no se pueden sacrificar las libertades” (I)