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La fiscal general Diana Salazar aseguró que ha cumplido con probar que en el caso Sobornos 2102-2016 existió un organización delictiva que se formó desde las alta esferas del poder para pedir recursos a empresarios privados a cambio de obras públicas de vialidad estatal.


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Casi 6,5 millones de hondureños estaban llamados a elegir al relevo de Xiomara Castro en una sola vuelta, así como diputados y alcaldes por cuatro años.
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