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La fiscal general Diana Salazar aseguró que ha cumplido con probar que en el caso Sobornos 2102-2016 existió un organización delictiva que se formó desde las alta esferas del poder para pedir recursos a empresarios privados a cambio de obras públicas de vialidad estatal.


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El foro coincidió en que es imperante un diálogo que permita llegar a consensos sobre seguridad, educación, economía, producción, salud y empleo.
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