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La fiscal general Diana Salazar aseguró que ha cumplido con probar que en el caso Sobornos 2102-2016 existió un organización delictiva que se formó desde las alta esferas del poder para pedir recursos a empresarios privados a cambio de obras públicas de vialidad estatal.


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El arancel del 15 % encareció las exportaciones y, en algunos casos, obligó a trasladar el incremento al cliente en Estados Unidos.
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