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La fiscal general Diana Salazar aseguró que ha cumplido con probar que en el caso Sobornos 2102-2016 existió un organización delictiva que se formó desde las alta esferas del poder para pedir recursos a empresarios privados a cambio de obras públicas de vialidad estatal.
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Casi 7.000 transportistas se han inscrito en la plataforma para recibir las compensaciones que ofreció el Ejecutivo
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