En la Asamblea, por lo pronto, no existe un consenso sobre lo que debe hacerse con pensiones vitalicias que perciben los exmandatarios. Algunos plantean quitarlas o revisarlas y otros colocar límites para los hijos de beneficiarios.

Para hoy está previsto que se trate el proyecto de resolución de exhorto al presidente Lenín Moreno para que disponga a los órganos del Estado la suspensión de pensiones entregadas a beneficiarios que no constan en la ley y una auditoría de los pagos. La propuesta fue presentada por Fredy Alarcón (BIN) para que se incluya en el orden del día.

Para Roberto Gómez (CREO) hay tres puntos importantes: analizar si los cobros se ajustan a la norma; determinar responsabilidades luego de esa verificación; y comprender la concepción política.

“Tiene que ser analizado sin mirar apellidos, sin particularizar y entender lo que la ciudadanía hoy quisiera”, dice.

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Con esto concuerda el asambleísta Esteban Melo (RC). Señala que, aunque existan desafectos, no deja de ser un derecho. Sin embargo, cree que debe analizarse desde el impacto económico.

Daniel Mendoza (AP) dice que la bancada oficialista no ha dialogado sobre el tema, pero sostiene que debe corregirse, incluidos los montos.

“Actualmente es hereditario como si se tratara de una especie de monarquía, debe corregirse para que se aplique a quien ejerció”, comenta.

En cambio, Guillermo Celi (SUMA) habla de un ajuste. Propone que no reciban quienes hayan tenido juicios con sentencia ejecutoriada, los que hayan renunciado a su cargo o revocado su mandato. Además, opina que podrían recibirla los hijos menores de 18 años que tengan alguna discapacidad o enfermedad catastrófica.

Por su parte, Wilma Andrade (ID) no está de acuerdo con la eliminación general, pero sí específica, esto es, para quienes tienen sentencias ejecutoriadas y ocuparon el cargo temporal.

“Conozco la realidad del (expresidente) Rodrigo Borja, quien vive de la pensión, fue un gobernante honesto. Me parece inadecuado que se la pretenda retirar; sería una ofensa”. 

Detalle:  1,1 millones al año destina el Estado para pagar la pensión a expresidentes y exvicepresidentes. (I)