Denuncian que Nicolás Maduro envía criminales a los países que reciben migrantes venezolanos

Hace una semana la secretaría general de la OEA, encabezada por Luis Almagro, denunciaba un 'patrón' de desestabilización de Venezuela y Cuba en los países latinoamericanos, primero en Colombia y Ecuador y luego en Chile. Ahora se denuncia de supuestos delincuentes enviados por el régimen de Nicolás Maduro en los grupos de inmigrantes que llegan caminando a los países de la región.

La superintendencia encargada de la migración en Perú, Frieda Roxana del Águila Tuesta, hizo esa denuncia a medios de su país. Ella asegura que entre los inmigrantes se han infiltrado parte de los alrededor de 43 000 presos que supuestamente han sido puestos en las fronteras por el régimen para que salgan a los demás países. 

Añade que, "como todos saben", esta migración no es por un desastre natural sino por el problema ocasionado por la dictadura, que ha hecho que salgan millones de venezolanos a los países de la región. De ellos Perú es el segundo país que más venezolanos ha recibido, con más de 860 000 inmigrantes.

Según el exdiputado venezolano Óscar Pérez, el régimen de Maduro infiltra delincuentes y criminales para perjudicar a los migrantes venezolanos, pues resulta sospechosa la recurrencia de la violencia con la que se están suscitando delitos en los países a los que llegan. 

Varias personas han dicho que el régimen lleva a adelante una política de puertas abiertas por la que delincuentes están saliendo de Venezuela sin que sus registros policiales y antecedentes penales sean verificados. 

De acuerdo con una publicación del diario peruano La República, ya desde 2014 se había advertido de la migración de supuestos criminales violentos a países de Centroamérica.

El mismo diario había dicho en 2018 que exmilitares, expolicías y paramilitares del país petrolero han ingresado a Perú. 

El diario panameño Panam Post también ha dicho que a Perú ya han ingresado miembros de 20 bandas delictivas de Venezuela, como de las conocidas Tren de Aragua y Los Gatilleros de la Guaira. 

Pérez, quien también es presidente de la ONG Unión Venezolana en Perú, agregó que no sería extraño que haya una motivación política para descalificar el éxodo venezolano y complicar a otros países de la región. (I)

Presión del TIAR

En tanto, países signatarios del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) preparan listas de allegados del gobierno de Nicolás Maduro que puedan ser objeto de sanciones.

Julio Borges, comisionado para Relaciones Exteriores del líder opositor venezolano Juan Guaidó, dijo que una comisión técnica en el marco del TIAR empezó esta semana a determinar qué personas relacionadas con Maduro podrían ser sancionadas por violaciones de los derechos humanos, corrupción y blanqueo de capitales.

"Sobre estas tres áreas se están construyendo estos listados para por primera vez lograr sanciones concretas a nivel latinoamericano. Es un enorme paso que va a poner enorme presión" al gobierno de Maduro, dijo Borges a periodistas.

Estas recomendaciones serán elevadas a la próxima reunión de cancilleres de los países signatarios del TIAR, prevista para la primera semana de diciembre, "para que se puedan decidir de manera vinculante las medidas" a tomar, agregó.

El 23 de septiembre, 16 de los 19 países miembros del pacto de defensa TIAR resolvieron identificar a personas y entidades asociadas al gobierno de Maduro involucradas en actividades ilícitas y vinculadas a redes de delincuencia organizada transnacional.

La iniciativa, promovida por Estados Unidos, fue también aprobada por Argentina, Bahamas, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela, representada por delegados de Guaidó. Uruguay votó en contra, Trinidad y Tobago se abstuvo y Cuba estuvo ausente. (I)