La caída del gobierno de Lenín Moreno, en medio del caos generalizado, fue el principal punto de la agenda del correísmo en las movilizaciones sociales. Sus escenarios fueron la Asamblea y las calles.

Según Virgilio Hernández, exlegislador correísta, el gobierno de Moreno tenía una disyuntiva: “O se cae este paquetazo que afecta a la mayor parte de los ecuatorianos, o se cae el Gobierno”. Lo dijo el 2 de octubre, un día antes de que empezaran las protestas.

Convocó a una ‘resistencia’ generalizada en todo el país con movilizaciones.

Nueve días después, el 11 de octubre, la asambleísta Gabriela Rivadeneira reforzaba uno de los planteamientos de Hernández: “A diferencia de golpes de Estado con amarre político, la Constitución prevé la muerte cruzada para volver a la democracia y la paz”. La muerte cruzada significa disolver el Congreso y anticipar los comicios generales.

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¿Cuál es la razón de la acusación de desestabilización? En mi caso, haber dicho: ‘se cae el paquetazo o se cae el Gobierno’, tema obvio para quienes conocemos la historia del Ecuador y luego porque, ante la cruenta represión, propusimos la aplicación de la muerte cruzada”, Virgilio Hernández, exasambleísta, dirigente de RC. 

Mientras, el expresidente Rafael Correa contribuía desde el exterior. A través de su cuenta de Twitter no solo que alentaba a la caída de Moreno, sino que se burlaba de él y llamaba a la población a irse contra sus opositores y la prensa.

Constitucionalmente, decía, ya se habría podido destituir a Moreno. Para ello, se debía recurrir al artículo 130 de la Constitución. Este se refiere a la salida del jefe de Estado por “grave crisis política y conmoción interna”.

Pero la Asamblea no sesionó. Santiago Basabe, analista político, considera que la Legislatura actuó bien. “Si se convocaba, los correístas habrían caotizado con una moción de destitución”, señaló, pues el único objetivo del correísmo era “tumbar” al mandatario.

En el ámbito judicial, militantes de la llamada Revolución Ciudadana (RC) ya son investigados. A la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, se la acusa de rebelión; a la exalcaldesa de Durán Alexandra Arce, de asociación ilícita; y al asambleísta Yofre Poma se lo procesa por paralización de un servicio público. Todos cumplen prisión preventiva.

En tanto que los asambleístas principales Gabriela Rivadeneira, Carlos Viteri y Soledad Buendía y el alterno Luis Fernando Molina solicitaron asilo al Gobierno de México.

A criterio de Mario Pazmiño, exdirector de Inteligencia del Ejército, los llamados Comités de la Revolución Ciudadana (CDR) estarían detrás de la serie de actos vandálicos.

Juan Lloret, asambleísta de la RC, aseguró que lo ocurrido fue una movilización en la que participaron miles de personas, por lo que no se le pueden atribuir los desmanes a su agrupación.

Finalmente, tras las convulsionadas protestas que dejaron muertos y heridos, Moreno se mantuvo en el poder.

Basabe considera que a los correístas solo les faltó un poco más de tiempo y cooptar mejor al movimiento indígena. (I)