La Contraloría General del Estado espera la evaluación del Cuerpo de Bomberos y otros peritajes de ingeniería para determinar cuál será la suerte de la estructura, conformada por dos edificios integrados; el uno fue inaugurado en los años setenta, mientras que el otro fue ocupado en 2017.

Durante las manifestaciones, las oficinas de este ente de control fueron saqueadas y la edificación, destruida e incendiada. A pesar de que el fuego empezó el sábado, recién el domingo pudieron ser controlados los principales focos.

No obstante, el lunes aún se sentía el olor a humo y se veían los ventanales destrozados. Algunos estallaron por el calor de las llamas.

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Fuentes de la Contraloría confirmaron a este Diario que los edificios estaban protegidos por una póliza de Seguros La Unión, con vigencia hasta febrero del 2020.

Explicaron que una vez que se detallen los daños se definirá el tipo de cobertura, puesto que no solo se registró el incendio, sino también robo y ataques a las instalaciones por parte de turbas en manifestaciones públicas.

Por otra parte, el lunes se reunió el contralor subrogante, Pablo Celi, con su equipo de directores para definir cómo y donde se retomarán las actividades, así como los mecanismos más ágiles para levantar los inventarios de los documentos y de las acciones de control.

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A nivel de cada departamento se hizo un repaso de la organización del personal, puesto que los auditores, por ejemplo, pueden seguir trabajando desde las instituciones que les fueron asignadas para el control de fondos públicos.

Las mayores complicaciones están en las áreas administrativa y jurídica, que laboraban en los edificios destruidos. El departamento informático intentará rescatar la mayor cantidad de material almacenado en el servidor. (I)