El presidente de la República, Lenín Moreno, y sus ministros trataron ayer, en un gabinete ampliado, temas de la actualidad nacional y en especial la reforma tributaria.

Aunque fue a puerta cerrada y no se permitió el acceso a la prensa, a la salida los ministros Xavier Laso, de Agricultura; Iván Ontaneda, de Productividad, y el del Ambiente, Raúl Ledesma, coincidieron en que en pocas horas se podrían conocer las decisiones.

Ontaneda aseguró que se está buscando “lo mejor para el país” y que aún se estaban ajustando detalles.

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El funcionario calificó a las medidas que se tomarán como “adecuadas y valientes”.

Por su parte, Ledesma dio un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. Aseguró que la economía del país está mejor que hace dos años, y que esta va a mejorar.

Las reformas en las áreas laboral, tributaria y monetaria y financiera se presentarán esta semana como parte de los compromisos para ordenar las finanzas, pero también con el afán de generar mayor empleo. Sin embargo, desde ya estas son rechazadas por sectores sociales, por considerar que se incrementarán impuestos como el IVA y habría flexibilización laboral.

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Las nuevas leyes, que se traducirán en medidas económicas, obedecen a que, en dos años, no ha habido manera de bajar el gasto y tampoco se logró concretar las concesiones que estaban presupuestadas.

Adicionalmente, se han presentado nuevas cargas al fisco, que el anterior Gobierno había desconocido, como el pago del 40% de pensiones al IESS y los incentivos jubilares que solo este año ascienden a $ 350 millones.

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José Hidalgo, analista de Cordes, señaló que los ajustes a los que se comprometió el Gobierno son a nivel del sector público no financiero. Y si bien este ha hecho esfuerzos por bajar los gastos, no ha ocurrido lo mismo en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

De acuerdo con información del Ministerio de Economía, efectivamente no ha habido ajustes de salarios en los GAD ni en las universidades. Al ser entidades autónomas, no se han visto forzadas a realizar ningún esfuerzo en este sentido.

Antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en marzo pasado, el Gobierno había buscado tener mejoras en sus ingresos, con base en la reducción de los subsidios a los combustibles y rebajas de salarios.

Luego del acuerdo, los compromisos tienen que ver con la entrega de las leyes y la baja del déficit.

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Actualmente, el equipo técnico del FMI está a la espera de que se presenten las leyes ante la Asamblea, para así enviar el último informe de cumplimiento de compromisos al directorio.

Solo entonces este último podrá aprobar un tercer desembolso por $251 millones.

La gerenta del Banco Central del Ecuador (BCE), Verónica Artola, había informado que el último plazo para la entrega de las reformas del Código, y especialmente de la autonomía de ese organismo era el 30 de septiembre.

Al no cumplirse este plazo se le consultó sobre las posibles consecuencias con respecto a los compromisos con el FMI.

Sin embargo, desde el BCE se indicó que no era posible un pronunciamiento, ya que el tema no está en manos de esta entidad. (I)