Ambato - Quito

La detención del juez de Pastaza, Aurelio Q., el martes pasado, activó los reclamos de las comunidades indígenas de la región amazónica en contra de la administración de justicia, lo que motivó a que varias delegaciones acudan hasta el Consejo de la Judicatura (CJ) para expresar sus quejas.

Con ese objetivo, llegaron ayer a la sede de la Judicatura representantes de las nacionalidades quichua, huaorani, cofán y shuar, entre otras, con carteles, lanzas y danzas. La manifestación estuvo liderada por el presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, y el abogado Mario Melo, quienes luego fueron recibidos por el pleno del CJ.

El magistrado habría intentado sobornar a otro juez con $40.000, por lo cual fue detenido, de manera preventiva, hasta que se cumplan las investigaciones por los posibles delitos de cohecho, extorsión y tráfico de influencias.

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Un informe del director provincial de la Judicatura en Pastaza, Pablo López, señaló que el juez habría incurrido en actuaciones irregulares, por lo que fue suspendido por 90 días.

El presidente de la Conaie indicó que el caso del juez  está relacionado con la construcción del proyecto hidroeléctrico Piatúa, que afecta al río del mismo nombre. “Esos son los jueces que durante diez años nos condenaron por terrorismo y que ahora no comprenden que el río no se negocia con whisky ni con dólares”, dijo.

El abogado Melo explicó que el magistrado investigado había negado una acción de protección interpuesta por la comunidad para frenar el proyecto. Ante ese revés, los demandantes apelaron y estaban a la espera de la segunda instancia, en la Corte Provincial. Aurelio Q. habría querido incidir, a través de coimas, en el fallo de los jueces del tribunal provincial.

Según la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, el proyecto hidroeléctrico Piatúa es construido por la empresa Genefran S. A. en el límite provincial entre Napo y Pastaza, en Santa Clara, y tendrá una potencia de 30 MW.

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Lenín Sarsoza, abogado defensor de la Confenaie (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía), aseguró que están a la expectativa del caso porque consideran que el juez (acusado) es una pieza dentro de un aparataje de corrupción que se presume se desarrolla en Pastaza.

Este Diario se contactó con la empresa Genefran, pero ningún representante atendió las llamadas. No obstante, a través de un comunicado, la compañía informó que “rechaza rotundamente cualquier vinculación al proceso de investigación abierto en contra de un juez de la provincia de Pastaza, y la constante campaña de desprestigio y desinformación en contra de la empresa”. (I)

Prisión preventiva

Aurelio Q. deberá cumplir la prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. Según Cristian Romero, su abogado, la vida del magistrado correría peligro en caso de dejarlo en Puyo, pues dijo que ahí se encuentran recluidas algunas personas a las que habría dictado sentencias condenatorias, en su calidad de juez. Indicó que algunos de ellos podrían tomar venganza en contra de su defendido. (I)