El jurista Vladimiro Álvarez dice que hasta fines de septiembre se implementará la metodología elaborada por el Consejo de la Judicatura (CJ); el Comité de Apoyo a la evaluación de jueces, al que él pertenece, hará un informe con recomendaciones.

¿Cómo avanza el proceso?

En la metodología hay dos partes importantes. La primera, el estudio de legitimidad y transparencia de designación de los jueces. Ahí se analizará todo el proceso mediante el cual fueron elegidos y si cumplieron los requisitos legales (declaraciones juradas, levantamiento de sigilo, títulos de tercer nivel en Derecho, que hayan ejercido la cátedra o la profesión, y otros); eso lo pondremos en un informe para el pleno de la Judicatura. Debe quedar claro que no somos un comité evaluador sino de apoyo a la evaluación que hace el CJ. En esta primera etapa estamos recibiendo información. La segunda, es el análisis de las sentencias que han dictado entre diciembre del 2014 a diciembre del 2018; se asignan a los miembros del comité según las especialidades.

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¿Cuántas sentencias se han dictado en este tiempo?

El CJ hará un sorteo de tres sentencias de cada uno por año. Nos tienen que entregar esos textos, pero ahora estamos en la primera fase.

Son doce en cuatro años. ¿Es suficiente para evaluar?

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Además se hará una prueba oral en la que expondrán las razones y circunstancias por las que emitieron esos fallos. Es una evaluación de la conducta. El número es un análisis cuantitativo (sobre 20) y la calidad es cualitativo (sobre 80). En este proceso se conocerán impugnaciones ciudadanas también.

La Contraloría ya ha hecho un examen a la elección de jueces, pero no se lo quiere entregar completo a la Judicatura, ¿qué opina?

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La Contraloría está dispuesta a entregar el informe completo. Entiendo que ha dado uno preliminar. Apenas esté el final se analizará y se comparará con el que hagamos nosotros.

¿Qué opina de estos jueces que no quisieron revelar su declaración de bienes ni levantar el sigilo bancario?

Estos jueces, en una declaración pública, hicieron una especie de desafío para que los vocales de la Judicatura y los miembros del Comité levantemos el sigilo de nuestras cuentas. Cuando iniciamos nuestra labor (con un contrato de prestación de servicios profesionales) ya hicimos la declaración de bienes y autorizamos que se levante el sigilo.

Hace unos días el comité emitió un comunicado en el que señala que esta evaluación no es suficiente para garantizar una justicia independiente, ¿qué más hace falta para aquello?

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Es necesario que el CJ haga una evaluación a otros niveles de operadores de justicia; pero hay que corregir muchas cosas, con reformas en la Asamblea o norma interna. Por ejemplo, capacitación permanente a los jueces para que trabajen con mística. Los jueces no deben estar sujetos a presiones, amenazas, sanciones indebidas o tentaciones. Y eso depende de la formación que tengan. (I)