La justicia española resolvió "denegar el derecho de asilo, así como la protección subsidiaria", al exsecretario Nacional de Inteligencia (Senain), Pablo Romero, quien mantiene una orden de prisión preventiva, un pedido de extradición vigente y un llamado a juicio en Ecuador por haber participado en el secuestro del político Fernando Balda en Colombia, en 2012.

La resolución emitida por la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior de España concluye que el "solicitante plantea su petición en una problemática que nada tiene que ver con una persecución  por sus opiniones políticas, sino por su presunta participación en una causa penal, de la que podía defenderse con todos los medios legales que le brinda el Estado del que es nacional".

Debido a que Romero presentó su solicitud el mismo día en que fue detenido en España, reflexionan las autoridades españolas, puede interpretarse que la solicitud es un "intento de evadir" el procesamiento que se llevaba en Ecuador. El exSenain fue detenido en junio de 2018 en España, luego de que se le iniciara junto al expresidente Rafael Correa y dos exagentes de inteligencia policial un proceso por el delito de plagio.

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Entre los argumentos que entregó Romero a la justicia española estuvo que el gobierno de Lenin Moreno llevaba adelante un proceso de persecución política contra quienes se consideraban "cercanos o leales" al expresidente Correa.

Además, mencionó que fue presionado por la Fiscalía General del Estado para que declare contra Correa y aseguró que el  responsable de todos los hechos es el exministro del Interior, José Serrano, actual asambleísta.

Desde noviembre de 2018, Romero al igual que Correa son vistos como prófugos de la justicia en este caso y se les suspendió la etapa de juicio por estar fuera del país: el primero en España y el exmandatario en Bélgica. Se les suspendió el llamado a juicio debido a que el delito de plagio no puede ser juzgado en ausencia. 

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Romero además de tener encima el proceso judicial por el secuestro de Balda, también a fines de julio fue llamado a juicio por el delito de peculado ocurrido cuando él estuvo al frente de la Senain.

Con la negativa al pedido de asilo, según las leyes españolas, queda abierta la posibilidad para que Romero interponga un recurso contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional de España, en el plazo de dos meses a partir de la notificación oficial.  (I)