El presidente de la República Lenín Moreno amplió un mes el estado de excepción en "todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional". Este martes culminaron los dos meses de la primera declaratoria para superar los graves problemas en las cárceles.

"Las circunstancias que sustentaron la declaración de grave conmoción interna aún persisten y requieren de intervención emergente a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad como grupo de atención prioritaria", señala el Decreto Ejecutivo 823 en su primer artículo.

El mandatario aclaró que la participación de las Fuerzas Armadas será "complementaria a las acciones de la Policía Nacional" y se enfocará en el "control de armas" en el primer filtro de ingreso a las cárceles, así como el control de los exteriores y vías aledañas a estos centros.

La Policía seguirá con el "control interno y perimetral de los centros de privación de libertad".

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Además, el mandatario suspendió "el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia y a la libertad de asociación y reunión, de la población penitenciaria de todos los centros de privación de libertad (...), sin exclusión alguna en razón a su tipología, observándose los principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad y el estricto apego al respeto de las demás garantías constitucionales".

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores y el Ministerio del Interior se encargarán de determinar la aplicación de esta medida.

Esta medida incluirá no solo a las misivas, cartas y comunicados que ingresen a los centros sino también a "cualquier comunicado, video o similares desde el interior de los centros de rehabilitación social por parte de las personas privadas de libertad en su entorno extremo".

Varios de los crímenes cometidos durante las últimas semanas en las cárceles han quedado registrados en videos que circularon en redes sociales, como el más reciente, ocurrido el pasado sábado.

Incluso, se limitarán la conformación de "aglomeraciones y de espacios de reunión durante las 24 horas del día" en los exteriores de las prisiones. Se exceptúan las "actividades de rehabilitación social que formen parte del Plan de Vida" de los detenidos.

“Hemos sugerido que el estado de excepción se extienda todavía un tiempo más para atender la emergencia penitenciaria. En el Ecuador, hoy tenemos una de las bases de encarcelamiento más relevantes de la región y un sistema que tiene ya el 40 % de hacinamiento”, dijo el lunes la ministra del Interior, María Paula Romo.

El estado de excepción no logró, por ejemplo, frenar la ola de violencia en el interior de las cárceles. En este periodo se produjeron los crímenes más atroces en estos centros.

De los 19 reos que han sido asesinados durante el 2019 dentro de las cárceles de Ecuador, 14 han muerto en Guayaquil.    

En total, en los 60 días del estado de excepción se han producido 14 de crímenes en las cárceles, 12 en Guayaquil (Penitenciaría y la Regional), 2 en la de Latacunga. (I)

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