Pedir información sobre el movimiento migratorio de 27 personas, solicitar a instituciones públicas las listas de los contratos celebrados entre 2012 y 2016 con 16 empresas, y definir la versión de 28 personas, son parte de las decisiones que adoptó la fiscal general, Diana Salazar, dentro del último impulso en el caso llamado Sobornos 2012-2016.