Tres ex cancilleres guatemaltecos pidieron a la Corte de Constitucionalidad que frene el intento del presidente Jimmy Morales de suscribir un acuerdo que convertiría al país centroamericano en una tercera nación segura donde se retendría a los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos.

La petición llegó seis días antes de que Morales se reúna en Estados Unidos con el presidente Donad Trump. La presidencia de Guatemala confirmó el jueves la reunión y dijo que los mandatarios discutirán en la Casa Blanca temas de migración, seguridad y economía. Alfredo Brito, el vocero presidencial, dijo que la visita no será para la firma de un tratado de tercer país seguro.

Los ex cancilleres Francisco Villagrán, Gabriel Orellana y Edgar Gutiérrez y dos ex diplomáticos solicitaron un amparo a la Corte aduciendo que Morales está utilizando como base un convenio establecido en 1954 (sobre la firma de tratados internacionales de forma simplificada) para violentar las leyes nacionales ante la exigencia estadounidense de frenar la migración.

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Los diplomáticos recordaron que a Morales sólo le quedan seis meses de gobierno por lo que suscribir un acuerdo como éste “permitiría que el actual presidente de la república deje hipotecado el futuro de nuestro país, sin ninguna responsabilidad”.

El amparo también incluye a la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, los artífices de las negociaciones en materia de migración y seguridad con Estados Unidos.

El acuerdo requeriría que los solicitantes de asilo en Estados Unidos pidan refugio en el primer país seguro al que llegan. Eso significa que los hondureños, salvadoreños y otros que pasan por Guatemala no podrían ir directamente a la frontera de Estados Unidos.

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El Procurador de Derechos Humanos, Jordán Rodas, ha hecho varios llamados al presidente a que respete los derechos de los migrantes y sostiene que la firma de un tratado para convertir a Guatemala en tercer país seguro sería “perjudicial para el país y sus habitantes debido a la precariedad institucional del Estado guatemalteco y las condiciones de exclusión, severa pobreza, desnutrición, desempleo, conflictividad social e inseguridad pública”.

Los diplomáticos, según el amparo, también señalaron que el gobierno de Morales no ha divulgado el acuerdo, al cual tampoco ha tenido acceso la prensa, faltando a los principios de publicidad de los actos de la administración pública.

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Los diplomáticos sostuvieron que la decisión de crear un tercer Estado seguro no puede quedar librada “al criterio unilateral y absoluto del presidente de la república sino que, antes bien, su aprobación debe resultar de un amplio y exhaustivo debate”.

El gobierno de Trump ha anunciado el inicio de redadas contra los migrantes que podrían comenzar este domingo.

Eric Schwartz, presidente de la organización Refugiados Internacionales, dijo que el acuerdo “es una idea terrible que, si se implementa, pondrá en gran riesgo las vidas de miles de centroamericanos”. La organización explicó en un comunicado de prensa que el acuerdo violaría la ley de inmigración y nacionalidad de Estados Unidos y las leyes de refugiados internacionales.

Según organizaciones de derechos humanos, miles de personas huyen de Centroamérica diariamente debido a la pobreza y violencia que se vive en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. (I) 

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