Jorge Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción (CNA), ratificó -vía telefónica a este Diario- que la Prefectura del Guayas forma parte de los 39 casos de contratación de instituciones públicas con empresas fantasmas. 

Rodríguez afirmó que ayer, en declaraciones a la prensa, se equivocó al mencionar a la Prefectura de Manabí, pero recalcó que en la documentación está descrito lo correcto. 

Estas declaraciones generó que el exprefecto del Guayas, Jimmy Jairala, se pronunciará en sus redes sociales, justificando que la CNA nombró a Manabí y no a Guayas. "La CNA se refiere como presunto mayor "consumidor" de facturas falsas al Consejo Provincial de Manabí. No al de GUAYAS como por error aparece en medios de comunicación", dijo en Twitter. 

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La CNA se refiere como presunto mayor "consumidor" de facturas falsas al Consejo Provincial de Manabí. No al de GUAYAS como por error aparece en medios de comunicación.https://t.co/JkPuI48b0M

Sin embargo, este comentario ya fue desmentido por Rodríguez y Juan Guarderas, otro de los miembros de la Comisión Anticorrupción, afirmando que se trata de la Prefectura del Guayas. 

Este Diario buscó declaraciones de Jairala para consultarle sobre los contratos públicos durante su administración, que duró hasta diciembre pasado, tras renunciar para participar en los comicios del 24 de marzo, pero su equipo de comunicación señaló que "no se va a pronunciar porque no es vocero oficial". 

Guaderas consideró que Jairala "no ha visto nuestra denuncia, no ha leído, cómo sabe que no ocurrió, que no hubo gente de la Prefectura que hizo eso. Al contrario, él lo que debería decir muchas gracias, ahora me pongo a investigar quién fue. Esas son las cosas que a mí me sorprende del país. No dijimos que él lo hizo, lo que hicimos es (ver) que en la base de datos del SRI hay salidas de dinero de la Prefectura del Guayas a empresas fantasmas". 

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Tiempo de indagación

En tanto, Guarderas contó que la denuncia de los 39 casos de contratación pública que habrían causado un perjuicio al Estado por $ 28,6 millones a través del uso de facturación falsa, emitida por 22 empresas calificadas como fantasmas por el Servicio de Rentas Internas, demoró entre 4 a 5 meses. 

"Tuvimos que identificar un diseño de estructura de corrupción, ver cómo podíamos identificar las fuentes, (ver) con el SRI en la base de datos, los delitos que podrían haber ocurrido, y luego la denuncia y comunicar al país", indicó y agregó que solo con un pequeño muestreo se detectó 39 casos.

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"Si yo fuera funcionario público, si yo fuera parte del SRI, hubiese podido sacar esto en un día, o sea, para unos ciudadanos que no tienen a su alcance la base de datos, que nosotros somos externos a la función pública, nos demoramos mucho tiempo, a mí me parece impresionante que los funcionarios (del SRI) no lo hayan hecho porque para ellos sería mucho más fácil", cuestionó. 

Guarderas espera que las empresas públicas mencionadas como la Dirección Distrital de Obras Públicas del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), investiguen las alertas y coordinen con el SRI. 

Proceso de investigación 

El integrante de la CNA mencionó que este es un esquema de corrupción "muy simple, imaginable", y que se inició con ver la contabilidad de las empresas, luego verificar a qué cuenta se realizó los pagos, determinar a los responsables de las transacciones y presentar la denuncia.

Guarderas espera que tras la denuncia que presentarán en la Fiscalía este viernes, se indague a todos los actores y que se determine culpables, acorde a la proceso judicial. 

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"Nosotros presentamos indicios y ellos tienen que buscar quiénes son", expresó. (I)