La defensa de Ola Bini tiene apoyos reservados

El proceso penal en Ecuador y el planteamiento de demandas en el ámbito internacional por violación de derechos humanos son los frentes que trabajan dos equipos dedicados a la defensa de Ola Bini, sueco de 36 años que fue acusado por la Fiscalía del delito de ataque a la integridad de sistemas informáticos.

Estos equipos, según Carlos Soria, abogado que lidera la estrategia penal, no solo están compuestos de profesionales que cobran por sus servicios, como él, sino por personal ad honorem. Además de organizaciones internacionales que no solo apoyarían al equipo de defensa, sino también a un grupo dedicado a las relaciones públicas y al equipo del tema de derechos humanos.

Soria al ser consultado sobre quién paga los gastos judiciales, responde que “existen diferentes financiamientos” como colaboración de personas y organizaciones nacionales y extranjeras. “Han pedido que se reserve su información”.

Para Dag Gustafsson y Görel Bini, padres de Bini, es ‘inimaginable’ pensar que su hijo está envuelto en el delito del que se lo quiere acusar. Dicen que él siempre estuvo del “lado que es correcto”. Ellos llegaron al país dos días después de que se ordenara la prisión preventiva de su hijo. Niegan que alguna organización financie su viaje y aclaran que buscarán reuniones con las autoridades para garantizar que se respeten los derechos humanos de su hijo.

En una traducción del inglés al español hecha por Soria, Gustafsson dijo que “el Gobierno anterior (de Rafael Correa), que tenía una connotación de izquierda, permitía esto de la progresión de derechos y de la libertad de expresión, y que ahora siente que con la detención de su hijo, este Gobierno (de Lenín Moreno) parecería que la tolerancia a este tipo de cosas ha disminuido”.

El presidente indicó ayer que a Ola Bini se lo ha sorprendido haciendo hackeo de cuentas de Gobierno, personales y teléfonos, que este visitó frecuentemente a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, y se le descubrió con muchas flash memory en una maleta, decía que iba a Japón para un curso de artes marciales, pero no llevaba nada relacionado con eso.

Ola Bini es una persona a la que se le ha sorprendido haciendo hackeo de cuentas de Gobierno, personales y hackeando teléfonos, y al cual se le descubrió con muchas flash memory”.  Lenín Moreno, presidente de Ecuador.

Gustafsson reconoció que su hijo mantenía una amistad con Assange; que jamás ha colaborado con los gobiernos de Ecuador; que nunca antes su hijo tuvo un problema legal como el que enfrenta; y que no tiene relación con Ricardo Patiño.

Soria insiste en que su cliente desde hace más de cinco años decidió quedarse en Ecuador, luego de llegar con una multinacional que elaboraba softwares para proteger la información de entidades públicas y privadas, fundó en Ecuador una asociación de acceso al software libre y se dedicó a dar consultorías. Con esas actividades aparentemente habría logrado mantenerse en el país, además de viajar al exterior y pagar cuentas importantes por servicios de internet.

Sobre el pago mensual de $ 4.791 a Telconet, entre el 2015 y el 2019 por servicios de internet, el abogado de Ola Bini, Carlos Soria, refiere que esa es una información descontextualizada. “Estamos hablando de un periodo de cinco años en los que se ha pagado por proveedor no solo de internet, sino por el alquiler, manejo y mantenimiento de servidores alrededor del mundo. Esto lo puede hacer a través de Telconet, como cualquier otra empresa, banco o institución financiera hacia afuera”, sostuvo el abogado Soria, quien aseguró además que en los 90 días de instrucción fiscal la legalidad de estos gastos será justificada hasta el último centavo.

El 22 de mayo de 2017, dos días antes de que Correa dejara la Presidencia, cambió el Decreto 1014 –que emitió en el 2008 para que los entes estatales contraten software libre en sus sistemas– por un reglamento que encargó a la Secretaría de la Administración Pública la regulación de esas tecnologías. Ahí se estableció que para contratar se verifique la existencia de softwares “similares o equivalentes” en un Sistema Nacional de Información, cuyo uso “es obligatorio”. (I)