Nacionalidad de Julian Assange, un plan que se creó para salvarlo, incidió en su captura

El 11 de enero de 2018 Ecuador conoció que a miles de kilómetros el australiano Julian Paul Assange, asilado político en la Embajada ecuatoriana en Londres desde agosto del 2012, había recibido un mes antes (el 12 de diciembre de 2017) la nacionalidad ecuatoriana.

En la víspera, el mismo Assange había compartido en Twitter una foto suya con la camiseta de la selección ecuatoriana de fútbol. Sin que las autoridades confirmaran el hecho, ese mismo día se verificó que el fundador de WikiLeaks ya tenía cédula ecuatoriana, con el número 1729926483, perteneciente a Pichincha. Incluso contaba con un pasaporte.

Hasta ayer, en el sitio web del Registro Civil, Assange constaba como ecuatoriano, con la condición de “Inscrip.As400” aplicado para las inscripciones tardías. El miércoles la Cancillería declaró como “acto administrativo lesivo” el proceso en el que se le otorgó su carta de naturalización. Esto provoca, según el canciller José Valencia, la ‘suspensión’ de los efectos de la naturalización, figura legal rechazada por la defensa de Assange. El canciller ha señalado que ese acto administrativo es apelable ante el Tribunal Contencioso Administrativo.

En un documento firmado por Assange y su abogado, Baltasar Garzón, el 4 de diciembre de 2018, el australiano señala que se sentía honrado y orgulloso de recibir la nacionalidad ecuatoriana y que se comprometía “a defender los intereses del Ecuador como lo haría el mejor de los ciudadanos...”.

Facsímiles de documentos que constan en el expediente de Julian Assange, entregados a la exlegisladora Paola Vintimilla.

Más tarde se confirmó que darle la nacionalidad fue parte de una estrategia de la entonces canciller y hoy presidenta de la Asamblea General de las Naciones Unidas, María Fernanda Espinosa, para nombrarlo miembro de la diplomacia ecuatoriana, estatus con el que podía acogerse a la inmunidad y salir legalmente de Reino Unido. Assange fue designado consejero con un sueldo de $ 2.034, y debía iniciar su cargo el 19 de enero de 2018, pero Reino Unido nunca lo reconoció como diplomático.

El plan fracasó y la misma Espinosa anuló el nombramiento diplomático de Assange y otras misiones encargadas.

En su momento, el presidente Lenín Moreno aclaró que ese ‘plan’ fue de absoluta responsabilidad de Espinosa y luego dijo que eso no ayudó.

El pasado jueves, ante la Asamblea, Valencia mencionó las irregularidades cometidas en la nacionalización de Assange, inconsistencias que llevaron a Moreno, entre otras razones, a suspender los efectos de la naturalización y dar por concluido el asilo. Luego, Assange fue detenido por la Policía inglesa.

Pero esas irregularidades ya habían sido puestas en evidencia en septiembre por la entonces asambleísta socialcristiana Paola Vintimilla, a quien la Cancillería le había remitido el expediente del proceso.

Las inconsistencias, dice el analista internacional Carlos Estarellas Velásquez, comenzaron al calificar como reservados los documentos, así como en el cambio del reglamento para pedir la naturalización ecuatoriana en el exterior y la expedición, un mes después, del pedido de Assange, de un protocolo para el otorgamiento de ese beneficio en el extranjero.

En declaraciones a una radioemisora, Vintimilla indicó que no fue correcto haber creado un reglamento para darle la ciudadanía a Assange. “Dentro de los documentos que en un principio me envió la Cancillería podíamos ver que había irregularidades en el otorgamiento de la cédula y el pasaporte...”, dijo.

Para Estarellas, la excanciller rompió todas las normas establecidas en Ecuador para otorgar la nacionalidad. “Él (Assange) tenía que haber residido en Ecuador, cosa que no ocurrió, le pusieron que había residido en un barrio de Quito, lo cual es mentira...”.

El actual canciller explicó a la Asamblea que se habrían usado documentos adulterados y que en la entrevista para la naturalización Assange obtuvo 100/100, cuando ni siquiera habla español. El australiano tampoco conocía los símbolos patrios, ni la geografía ni la historia del Ecuador, que son requisitos indispensables.

Espinosa y quienes respaldaron el proceso deben responder ante la justicia, dice Estarellas. La Contraloría revisa el caso desde octubre y la Asamblea reactivó el proceso de juicio político contra Espinosa. (I)