Ampliar el período de prueba, volver al contrato de plazo fijo, bajar costos de despidos son varias de las opciones que se están considerando dentro de la nueva Reforma Laboral, que prepara el Gobierno en torno al Acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De hecho, en el Artículo IV del FMI, se habla de reactivar el empleo “reduciendo la rigidez del mercado laboral y mejorando la competitividad”. La idea es llegar a contratos laborales menos rígidos “que puedan apoyar el aumento de la participación de la fuerza laboral femenina y las oportunidades de empleo juvenil”, dice el documento. Se plantea aumentar el período de prueba previo al contrato indefinido. “Esto haría que la contratación sea más atractiva y apoye la creación de empleos”. Se reducirán los costos de contratación y despido al eliminar indemnizaciones de trabajadores que renuncien.

Es que en Ecuador los índices laborales son precarios y están estancados. La normativa menos flexible que se adoptó en el Gobierno anterior, antes que ampliar la contratación, la ha desincentivado.

De acuerdo con el INEC, el empleo pleno cayó en 2,6 puntos porcentuales entre diciembre de 2007 y diciembre de 2018. En números se puede ver que mientras en 2014 había 3,5 millones de trabajadores con empleo pleno (el más alto registrado en los últimos años); para diciembre de 2018 eran solamente 3,2 millones los que gozaban de este estatus.

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En cambio, el índice del empleo no pleno (subempleo, otro empleo no pleno y empleo no remunerado) creció en 3,9 puntos desde 2007. Comparando con el mejor año (2014), al 2018, medio millón de ecuatorianos pasaron a filas en esa categoría que no goza de garantías.

Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano, comentó que la Reforma Laboral podría venir en la Ley de Fomento Productivo II, que estaba prevista para finales de abril. Sin embargo, explicó que este envío se podría retrasar considerando que en mayo se cambiarán autoridades en la Asamblea y sus comisiones.

Uno de los temas que se debería trabajar en dicha reforma, dijo, es mejorar el régimen para contratación de trabajadores de 18 a 25 años. La idea es que se puedan restituir los contratos a plazo fijo y alargar los periodos de prueba. Expresó que esto no se aplicaría a los trabajadores cobijados por la actual legislación, sino a los nuevos. Pero sí se conservarían las obligaciones de aportes al IESS, utilidades, fondos de reserva, y otros. Sin embargo, se deberían bajar los costos de desvinculación.

El asambleísta de CREO Roberto Gómez, miembro de la Comisión de los Trabajadores de la Asamblea, que probablemente analice la reforma, explicó que no se trata de hacer lo que el FMI o el Gobierno pidan, sino de hacer lo correcto. La Comisión debe reenfocarse en modernizar el Código Laboral actual, pensando en quien no tiene empleo adecuado.

Luis Antonio Terán, empresario, está opuesto a las reformas parches. Para él se debería ir a una política de completa liberalización de la contratación y generar protección con un seguro de desempleo. Para Terán, es paradójico que haya tanta gente, no solo en Ecuador, sino en América Latina, que prefiere salir de sus países proteccionistas para ir a EE.UU., que tiene una política de libre contratación. El problema, según Terán, es que la mentalidad y la normativa del país se quedaron en el siglo XX.

En las previsiones del FMI, pese a las reformas, el desempleo se mantiene entre 4,3% en 2019 y 4,8%, en 2021.

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Legislación rígida actual, obstáculo para reforma

La propuesta de generar nuevas formas de contratación, en la que está empeñado el Gobierno, se toparía con obstáculos legales. Joaquín Viteri, abogado laboralista y que también ha asesorado a las centrales sindicales en el tema del nuevo Código del Trabajo, explica que lo que propone el Acuerdo con el FMI es una flexibilización laboral, lo cual significa disminuir derechos y retornar a un régimen menos proteccionista.

Para el jurista, este tipo de reformas se enfrentan a la imposibilidad legal de ser aplicadas. Esto porque el artículo 327 de la Constitución prohíbe este tipo de alternativas.

Dicho artículo indica literalmente: “Se prohíbe toda forma de precarización, como la intermediación laboral y la tercerización en las actividades propias y habituales de la empresa o persona empleadora, la contratación laboral por horas, o cualquiera otra que afecte los derechos de las personas trabajadoras”.

Entre tanto, diversas centrales sindicales ya han celebrado reuniones para oponerse a las diversas aristas del Acuerdo, entre ellas, la reforma laboral.

Para Roberto Aspiazu, del Comité Empresarial Ecuatoriano, los cambios que se buscan no son regresivos de derechos, sino más bien buscan destrabar la situación actual del empleo.

Aspiazu también explicó que el contrato indefinido, por ejemplo, inhibe la dinámica del mercado laboral. Aspiazu comentó que el 96% son de carácter indefinido y solo un 4% podría ser un régimen especial. Explicó que el contrato de prueba de 90 días es muy breve para evaluar a un trabajador, que luego de este lapso se quedará con un contrato indefinido. (I)