Pese a que el exvicepresidente Jorge Glas está detenido en el Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi, cumpliendo una pena de seis años por el delito de asociación ilícita relacionada a Odebrecht, la defensa de Glas apela la orden de prisión preventiva que se le dispuso por el delito de peculado en el denominado caso Singue.

El recurso fue presentado el 15 de marzo pasado, dos días después de que emitió la prisión preventiva el juez Iván Saquicela, de la Corte Nacional de Justicia (CNJ). 

Al estar presentada la apelación dentro del término establecido en la ley, el 19 de marzo pasado Saquicela dispuso que se remita el proceso a la Presidencia de la Sala Especializada de lo Penal de la CNJ para que se realice un sorteo y se designe el Tribunal de Apelación competente.

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Aún no existe fecha para la diligencia, pues tampoco se ha definido quiénes integrarán el Tribunal.

El ilícito investigado en esta causa habría ocurrido en 2012 cuando la Secretaria de Hidrocarburos y el Consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cia. Ltda y la firma Gente Oil Development LLC (DCG) suscribieron un contrato de prestación de servicios para la exploración y explotación de petroleo crudo en el Bloque Singue.

Respecto a este contrato de prestación de servicios la Contraloría General estableció en su informe DASE 44-2017, de agosto de 2017, indicios de responsabilidad penal. En el documento se indica que no procedía la adjudicación del contrato porque el consorcio DCG no cumplía con los requisitos establecidos en las bases de licitación.

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Tanto Contraloría como Fiscalía coinciden en que en este caso se violaron todo tipo de procedimientos en las fases precontractual, contractual y de ejecución. Contraloría indica que este ilícito ocasionó un perjuicio para el Estado, hasta el 30 de septiembre de 2016, de $ 5'243.132,38; pero Fiscalía ubica el perjuicio en $28'479.889.

El exviceministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yannuzzelli, y el exministro de Recursos Naturales no Renovables, Wilson Pastor, son parte de la lista de diez procesados. De este grupo, solo a Pareja Yannuzzelli se le definió también prisión preventiva. Al resto de procesados se les prohibió salir del país y deben presentarse periódicamente.

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El abogado de Glas, Harrison Salcedo, explicó que la orden de prisión preventiva emitida contra su cliente es una resolución de "carácter político"que desconoce los convenios y tratados internacionales de derechos humanos, así como también nuestra propia garantía constitucional de exigir que la prisión preventiva sea una excepción a la regla.

"Encontrándonos con una sentencia de seis años que todavía se encuentra discutiendo, no había la necesidad de agravar la medida en relación con los otros procesados. Todos tiene el mismo derecho en este nuevo proceso", aclaró la defensa de Glas.

Salcedo explicó que el peculado en este caso es de cero dólares, pues, dijo, si se revisan los informes periciales realizados por la defensa de otros procesados se determina que existen en esta etapa elementos que destrozan el argumento esgrimido por Fiscalía. (I)