La reducción del déficit fiscal a través de la baja del gasto público o incremento de impuestos; independencia del Banco Central del Ecuador, reconstruir Reservas, y generar procesos para la protección de los más vulnerables son, en general, los puntos que solicita el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la hora de negociar ayudas a países con problemas económicos.

Según Mauricio Pozo, exministro de Finanzas que llevó adelante un proceso stand-by de corto plazo (13 meses) en el gobierno de Lucio Gutiérrez, para llegar al acuerdo Ecuador debe tener un programa y comprometerse a acciones previas que sean señales de que podrá cumplir sus compromisos en el futuro. Una de las primeras pudo ser la Ley de Fomento Productivo; y luego los pasos hacia la reducción y focalización de los subsidios a combustibles, reflexionó Pozo.

Otra sería la reducción del 10% de la nómina en empresas públicas, aunque el exministro considera que el mero anuncio no será suficiente, sino que los números a finales de febrero o marzo ya deberían reflejar una baja en la presión fiscal por la masa salarial.

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Con base en su experiencia, Pozo comenta que tanto el FMI como el Gobierno irán con sus propias versiones del acuerdo. Y en la mesa deberán negociarlas. Un tema importante será el fiscal. En este caso, dice él, podría ser que el organismo esté buscando que haya mayor certidumbre en los ingresos permanentes. Esto se puede conseguir fácilmente con un incremento de tributos.

Por ello, la propuesta sería el incremento del IVA del 12% al 15%. Sin embargo, para Pozo, el Gobierno podría pelear esta condición estableciendo metas de baja del gasto, para que no sea necesaria el alza.

Los subsidios también serían tema a tratar. Para Pozo no es saludable buscar ajustes en gas, pero sí sería necesario retomar el tema del diésel que representan al momento $ 2.000 millones de subsidios.

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Otros temas que seguramente buscará el FMI será que se ponga en orden el asunto de la Seguridad Social, para lo cual se podría plantear subir los años de aporte o de la cuota.

Un ejemplo reciente de lo que el FMI puede pedir a un país que busca cooperación de este multilateral es Argentina. El año pasado, el Directorio Ejecutivo aprobó un acuerdo Stand-by por $ 50.000 millones a tres años. Este incluía un programa de cuatro pilares acordados con el país. Las condiciones eran restablecer la confianza en el mercado, lo que representaba reducir necesidades de financiamiento y mantener una tendencia a la baja de la deuda.

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También hacer un ajuste fiscal que le permita llegar a un equilibrio primario en 2020, independencia del Banco Central y bajar la inflación. Además se tomaba en cuenta el punto de protección a los más vulnerables, pero con un cambio en los programas de asistencia.

En el caso ecuatoriano, el ministro Richard Martínez ha presentado un Plan de Prosperidad también con cuatro pilares: La consolidación fiscal y estabilidad monetaria; Igualdad de oportunidades y protección social; Empleo y reactivación productiva y Manejo transparente de los recursos. 

 

Monto de financiamiento depende de cuota

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) establece que el monto de financiamiento que puede obtener un país miembro (su límite de acceso) se basa en su cuota. Actualmente, “un país miembro puede obtener en préstamo hasta el 200% de su cuota anualmente y el 600% en forma acumulada, pero el acceso puede ser más elevado en circunstancias excepcionales”, dice el FMI. Las cuotas se valoran en DEG (Derechos Especiales de Giro).

Un caso excepcional se vio con Argentina que accedió a $50.000 millones el año pasado, equivalentes a DEG 35.379 millones. Sin embargo, esta cantidad es un 1.100% más de la cuota Argentina.

Actualmente Ecuador tiene una cuota de DEG 697,7 millones, equivalente a $ 1.000 millones. Esta cifra es el doble de lo que tenía antes de junio del 2016. En ese año, el Gobierno anterior duplicó la cuota al pasar de 347 millones a 697,7 millones, antes de recibir un crédito emergente tras el terremoto.

En el caso de Ecuador se ha dicho que podría recibir entre $8.000 millones a $ 10.000 millones, pero expertos explican que la cantidad no sería solamente procedente del FMI, sino de todos los organismos multilaterales que ahora apoyan el Plan del Gobierno. (I)