La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) conocerá el caso de Paola Guzmán Albarracín y familiares, que sería el primero sobre violencia sexual, incluyendo acoso sexual, en el ámbito educativo ecuatoriano.
Esto luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo presentara para su análisis.
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En un comunicado enviado por la CIDH se mencionó que el caso se relaciona con la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano por la violencia sexual sufrida por Paola Guzmán, entre los 14 y 16 años, y su suicidio.
El 12 de diciembre de 2002, dos días después de cumplir 16 años, Paola del Rosario Guzmán Albarracín decidió terminar con su vida por la decepción amorosa que le causó el vicerrector del colegio Martínez Serrano, Espín Zurita, con quien supuestamente mantenía relaciones sentimentales. Once diablillos que ingirió en el almuerzo le ocasionaron horas más tarde la muerte.
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La CIDH concluyó que fue víctima de violencia en su condición de mujer y niña, incluyendo violencia sexual por parte del vicerrector y por el médico de su colegio. "Existió un nexo causal directo entre la situación que ella vivía en el colegio y su decisión de quitarse la vida", indicó.
Además que hubo responsabilidad del Estado en prevención pues ni el colegio ni el Estado contaban con herramientas preventivas y de detección temprana.
La CIDH concluyó además que los responsables del colegio no tomaron las medidas necesarias para atender la situación de gravedad y urgencia en que se encontraba, el 12 de diciembre de 2002 después de ingerir diablillos de fósforo blanco que ocasionaron su muerte.
"El Estado ecuatoriano es responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la autonomía, vida privada y dignidad, al derecho a la especial protección del Estado en su condición de niña, a la igualdad y no discriminación, a la educación, a la salud y a vivir libre de violencia...", indicó además el documento.
El organismo también consideró que la situación de impunidad en el que se encuentra el caso obedeció a la falta de diligencia de las autoridades.
"El Estado violó los derechos a las garantías judiciales y protección judicial así como a la igualdad y no discriminación en perjuicio de los familiares de la niña (...) y que la pérdida de un ser querido y la ausencia de justicia han ocasionado sufrimiento y angustia a los padres y hermana de Paola, en violación a su derecho a la integridad psíquica y moral".
La CIDH hizo varias recomendaciones al Ecuador, entre ellas: adoptar medidas de no repetición, reparar integralmente las violaciones de derechos humanos, brindar de forma gratuita e inmediata un tratamiento médico-psicológico a los familiares si así lo desean, llevar con la debida diligencia las investigaciones y procesos penales correspondientes, así como disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales frente a acciones u omisiones de funcionarios estatales.
No obstante, esas recomendaciones fueron incumplidas por lo que se sometió a la jurisdicción de la Corte IDH, entidad que deberá hacer un pronunciamiento al respecto. (I)